El primer elemento de las reformas es el artículo 47 de la Constitución Nacional, relacionado con los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras Cortés, dijo que dentro de las reformas se contempla el artículo 47 de la Carta Magna. - De su interés: Ejército de Nicaragua participa en consultas sobre reformas parciales a la Constitución Este artículo quedaría de la siguiente manera: “No podrán ser candidatos a cargos ni ejercer cargos públicos los golpistas que hayan financiado, los que incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y autodeterminación de Nicaragua”. También incluye a los traidores a la patria y a quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en esta Constitución Política. Nicaragua propone reformas a su Constitución Política El segundo concepto corresponde al período.
La propuesta establece que el período determinado en la Constitución Política de Nicaragua para los cargos de elección popular y para la elección y ratificación por la Asamblea Nacional será de siete años. Período para jefes militares Los períodos de nombramiento del comandante en jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua y de los jefes de las fuerzas policiales serán de siete años. El cuarto concepto corresponde al Consejo Supremo Electoral (CSE) y sus atribuciones: Se plantea que el Consejo Supremo Electoral organice las elecciones generales, municipales y regionales cada siete años. Además, se agrega en estas nuevas reformas que no se otorgará personería jurídica a partidos políticos cuando sean constituidos con financiamiento extranjero o cuando algunos de sus directivos o candidatos hayan violentado los principios fundamentales de esta Constitución Política.
También se establece la cancelación de la personería jurídica a partidos políticos que hayan recibido financiamiento extranjero. Asimismo, se plantea verificar e imponer las sanciones correspondientes a todos los candidatos o funcionarios del órgano electoral, así como a integrantes de juntas directivas de partidos políticos que hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia y la soberanía.