El requerimiento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, sitúa al expresidente entre los presuntos responsables de las movilizaciones que mantuvieron interrumpidas numerosas carreteras durante 53 días. Las protestas exigían la renuncia del Gobierno de Rodrigo Paz y denunciaban el deterioro de la situación económica y social del país. La nueva orden abre un segundo frente judicial contra Evo Morales, sobre quien ya pesa otro mandamiento de aprehensión por una causa distinta Seis delitos relacionados con los bloqueos La investigación atribuye provisionalmente a Morales seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La causa se inició tras la denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
El procedimiento también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar, que permanece en prisión preventiva. La Fiscalía de Santa Cruz ya había admitido a comienzos de julio la denuncia contra los tres dirigentes por su posible intervención en las protestas. Las autoridades deberán determinar ahora si existen pruebas que acrediten que Morales dirigió, financió o instigó los cortes de carreteras. Balance de los bloqueos en Bolivia Indicador Balance Duración de los bloqueos 53 días Personas fallecidas 22 Personas heridas 88 Personas arrestadas 583 Tramos de carretera afectados 37 Daños en infraestructuras viales Más de 15,1 millones de dólares Pérdidas económicas estimadas Más de 3.000 millones de dólares Fuente: Defensoría del Pueblo y Ministerio de Obras Públicas de Bolivia.
La Defensoría documentó 22 fallecimientos, aunque reclamó que sea el Ministerio Público quien determine la relación de cada muerte con las protestas Morales denuncia una persecución política Evo Morales ha responsabilizado directamente al Gobierno de Rodrigo Paz de la nueva actuación judicial. El expresidente sostiene que las autoridades pretenden atribuirle las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica de Bolivia y de las políticas aplicadas por el Ejecutivo. “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia”, afirmó Morales en un mensaje difundido en sus redes sociales. El antiguo mandatario aseguró que los procesos judiciales no solucionarán los problemas económicos y sociales y advirtió de que no se dejará intimidar. Morales ha negado reiteradamente haber dirigido los bloqueos, aunque ha respaldado políticamente las reivindicaciones de los sectores campesinos, sindicales e indígenas movilizados contra el Gobierno.
Durante el conflicto defendió que las protestas constituían una respuesta al modelo económico aplicado por Paz. Las movilizaciones provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, especialmente en La Paz, El Alto y Cochabamba. El Gobierno puso fin a la mayor parte de los cortes después de alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana y decretar el estado de excepción el 20 de junio. Los bloqueos profundizaron la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades bolivianas Una segunda orden de aprehensión La nueva actuación por los bloqueos se suma al procedimiento abierto contra Morales por presunta trata de personas agravada .
Un tribunal de Tarija declaró al expresidente en rebeldía en mayo después de que no compareciera al inicio del juicio y ordenó emitir nuevos mandamientos de aprehensión y arraigo. La Fiscalía General ratificó en julio que aquella acusación y la correspondiente orden de captura continuaban vigentes. Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con la protección de organizaciones cocaleras y de grupos de seguidores. El Gobierno ha reconocido que una operación para detenerlo puede provocar una respuesta organizada y poner en peligro tanto a los agentes como a la población.
La ejecución de las órdenes dependerá, por tanto, de la actuación de la Policía y de las condiciones de seguridad existentes en el bastión político del expresidente. La investigación por los bloqueos deberá establecer ahora el grado de participación individual de cada denunciado y esclarecer si las protestas sociales traspasaron los límites de la movilización para constituir los delitos atribuidos por la Fiscalía.