Bloomberg Línea — La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó esta semana un segundo paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad, entre los que destaca una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses, con el objetivo de agilizar la justicia y combatir el crimen organizado. Las iniciativas, expuestas el lunes ante la Asamblea Legislativa en compañía de su gabinete de seguridad y del equipo técnico denominado “Fuerza Élite”, se suman a otras seis propuestas que el Ejecutivo envió a mediados de junio. El nuevo paquete, que se presentará formalmente el próximo 3 de agosto, contempla una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar los delitos por los cuales se puede extraditar a un ciudadano costarricense. Actualmente, la Carta Magna solo permite la extradición por tráfico internacional de drogas y terrorismo.
La propuesta busca incluir la legitimación de capitales; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; tráfico ilícito de armas y de órganos; sicariato y homicidios vinculados a estructuras criminales; participación en organizaciones criminales transnacionales, y ciberdelitos que comprometan la seguridad nacional. “La iniciativa no establece una extradición automática o generalizada de costarricenses, sino, reitero, que es una medida excepcional”, precisó Fernández, al aclarar que se mantiene el requisito de doble incriminación, “es decir, que la conducta debe ser delito tanto en Costa Rica como en el estado que solicita la extradición”. El Gobierno propone también una reforma al Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio que concentre el control de la acusación. La medida busca reducir los plazos judiciales. “La realidad crítica es que el proceso penal toma tanto tiempo que testigos en causas penales muy delicadas han indicado, en las audiencias, que ha transcurrido tanto tiempo entre que ocurrió el presunto delito y el juicio que ya hasta se les olvidó”, dijo Fernández. Otra de las propuestas busca modificar las medidas alternativas en la ejecución de la pena.
El proyecto establece que toda persona con sentencia en firme que reciba un beneficio carcelario —como salir de prisión con la obligación de firmar cada 15 días— deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera). La presidenta fue crítica de las decisiones del Poder Judicial en esta materia y advirtió que solo podrán acceder a regímenes de confianza quienes cumplan con perfiles técnicos estrictos para garantizar que “ninguna persona peligrosa sea liberada”. Minería ilegal y pensiones alimentarias En relación con el caso de Crucitas, al norte del país, el Ejecutivo envió un proyecto para tipificar la explotación minera ilegal como un delito de crimen organizado. Ver más: Costa Rica denuncia minería ilegal de oro en Crucitas y eleva reclamo a Nicaragua La iniciativa endurece las penas, pasando de un rango de 3 a 5 años de prisión a uno de 6 a 10 años por la extracción o procesamiento de minerales.
Además, contempla penas para quienes financien la actividad y permite el decomiso inmediato de maquinaria, dinero y la inmovilización registral de las fincas involucradas. El paquete también incluye una ley para sustituir el apremio corporal (prisión) por monitoreo electrónico en los casos de deudores de pensiones alimentarias. El objetivo es que los padres o madres condenados puedan buscar empleo para cubrir la deuda. “Esta propuesta de ley vela por el interés superior de las personas menores de edad, el derecho a recibir alimentos y a recibir una adecuada pensión para su manutención y también el derecho al trabajo de la persona obligada y se sustenta en principio en principios constitucionales de protección a la familia, a la niñez y al trabajo”, explicó. Reestructuración El último de los proyectos busca restablecer la nomenclatura de rangos policiales, eliminando los grados actuales de “intendentes” y “comisionados”, para volver a términos como coronel, teniente, mayor o cabo.
Según el Ejecutivo, la actual nomenclatura genera confusión en la cooperación internacional con otros cuerpos de seguridad civil. El proyecto también exige contar con un título universitario y al menos 15 años de carrera policial para asumir altos mandos, cuyos ascensos deberán realizarse mediante concursos públicos de oposición. Al cierre de su intervención, Fernández aclaró que retiró de la lista de proyectos una reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) porque “tiene algunas pulgas” que requieren mayor revisión técnica. Este último expediente será incluido en un tercer paquete legislativo que se enviará en los próximos meses.