La Sala de Casación Social del máximo tribunal publicó este miércoles una aclaratoria en la que reconoció que la decisión inicial, emitida el 27 de julio, había incurrido en un “error material” al autorizar únicamente la entrega de los bienes embargados en la jurisdicción de Cabimas, estado Zulia. La nueva decisión establece que también deberá intervenir un tribunal laboral de Monagas, con sede en Maturín, para ejecutar la entrega de los bienes que Halliburton posee en esa entidad. La corrección amplía así el alcance territorial de una medida cautelar que busca reactivar las operaciones productivas de Servicios Halliburton de Venezuela, empresa vinculada a la industria petrolera. La decisión original del TSJ había ordenado al depositario judicial entregar los bienes muebles e inmuebles embargados a Halliburton para que la compañía pudiera utilizarlos nuevamente y mantener sus actividades comerciales.
El tribunal destacó que se trata de activos considerados estratégicos y críticos para la industria de hidrocarburos. Sin embargo, al revisar el expediente, la Sala determinó que parte de los bienes de la compañía también estaban sometidos a medidas de embargo en Monagas, luego de que tribunales del Zulia comisionaran a órganos judiciales de esa entidad para continuar la ejecución forzosa sobre esos activos. Por esa razón, el TSJ indicó que la sentencia debía corregirse para incluir tanto los bienes ubicados en Zulia como aquellos localizados en Maturín, estado Monagas. Más leídas Tasa de Cambio BCV 30 de julio de 2026: 745,6371 Bs/USD (+0,1896%) Firma de lobby cercana a Trump abre oficina en Venezuela Aeropuerto de Valencia cobrará una nueva tarifa a pasajeros durante un año El fallo mantiene la orden de reactivar operaciones de Halliburton La aclaratoria no cambia la decisión principal adoptada por la Sala de Casación Social: mantener la medida cautelar que permite a Halliburton Venezuela retomar sus operaciones.
La empresa había solicitado esta medida en marzo de 2026 y el TSJ ordenó la entrega de los bienes embargados para que pudiera ejercer nuevamente su actividad económica, bajo la figura de depositaria con facultades de uso, goce y disfrute de los activos. Con la modificación, los tribunales laborales de Zulia y Monagas serán los encargados de ejecutar la entrega material de los bienes, mientras la Sala podrá designar uno o varios veedores judiciales para supervisar el cumplimiento de la medida y realizar inventarios sobre los activos involucrados.