El aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha provocado una ola de demandas en Nueva York y Nueva Jersey. Organizaciones de derechos civiles denuncian detenciones arbitrarias, discriminación racial y uso excesivo de la fuerza durante los operativos migratorios. Durante el verano, varias comunidades reportaron un incremento de las acciones de control migratorio. Como respuesta, las filiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en ambos estados presentaron 54 denuncias administrativas.
La iniciativa también recibió el respaldo de organizaciones de otros 17 estados y Washington D. C. Las demandas fueron presentadas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios. Los denunciantes buscan que el Gobierno responda por los presuntos daños causados durante los operativos.
Entre las acusaciones figuran arrestos ilegales, discriminación racial, agresiones físicas y el uso de balas de goma e irritantes químicos. También incluyen casos de ciudadanos estadounidenses detenidos y liberados después de comprobar su identidad. Reclamos legales contra el ICE en Nueva York Uno de los casos ocurrió en Nueva Jersey. Una enfermera, profesora universitaria y voluntaria denunció que agentes del ICE la empujaron al suelo cuando intentaba ayudar a una joven durante una protesta frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark.
La mujer asegura que sufrió lesiones y reclama una indemnización de 500 mil dólares. En Nueva York, la ACLU presentó cuatro denuncias adicionales. Los demandantes aseguran que enfrentaron discriminación racial, arrestos sin el debido proceso y daños emocionales. Uno de ellos afirmó que las autoridades lo separaron de sus hijos tras detenerlo.
En total, 29 ciudadanos estadounidenses forman parte de las demandas. Varios aseguran que los agentes los arrestaron únicamente por su apariencia física o perfil racial. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones. La institución defendió el trabajo de los agentes del ICE y aseguró que los operativos también han provocado un aumento de amenazas contra sus funcionarios.
Ahora, jueces federales analizarán cada caso. Sus decisiones determinarán si los agentes incurrieron en actuaciones indebidas durante los operativos migratorios.