La intervención anunciada por el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, pretende revisar el funcionamiento interno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos , identificar posibles redes de corrupción y establecer responsabilidades administrativas o penales. El proceso comenzará en YPFB, continuará en la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) y posteriormente se extenderá a otras empresas públicas. La investigación revisará comercialización, facturación y sistemas antes de trasladar sus conclusiones a las vías administrativa y penal Una investigación sobre las áreas sensibles de YPFB El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, ha dispuesto la creación de un equipo multidisciplinario dependiente directamente de la Presidencia Ejecutiva. Este grupo examinará los procesos considerados más expuestos a posibles irregularidades, desde la asignación de volúmenes hasta la facturación y los sistemas informáticos utilizados para controlar los despachos.
Las pesquisas también incluirán investigaciones financieras y patrimoniales sobre funcionarios denunciados por presuntos cobros irregulares. El Gobierno ha recibido acusaciones relacionadas con la autorización de volúmenes, el favorecimiento de determinados operadores y la concesión o renovación de licencias para estaciones de servicio. Área investigada Aspectos que serán revisados Posible consecuencia Comercialización Asignación y venta de combustibles Procesos administrativos o penales Despachos Distribución de volúmenes y posibles favorecimientos Identificación de desvíos Facturación Cobros, registros y operaciones comerciales Auditorías financieras Sistemas Trazabilidad y control informático Corrección de fallos de supervisión Patrimonio Evolución patrimonial de funcionarios denunciados Remisión a las autoridades judiciales Licencias Autorizaciones y renovaciones de gasolineras Revisión de concesiones Marcelo Blanco sostiene que parte del combustible destinado al mercado boliviano estaría siendo desviado hacia circuitos de contrabando y comercializado fuera del país. No obstante, la investigación deberá determinar qué parte de la crisis responde a actuaciones delictivas y cuál deriva de problemas estructurales como la dependencia importadora, los controles de calidad y las dificultades logísticas.
El Gobierno recurrirá a empresas internacionales, pero aún debe concretar los plazos, el coste y el alcance de la licitación Una reforma más profunda mediante una licitación internacional El Ejecutivo prevé contratar mediante una licitación pública a empresas internacionales que analicen la estructura y el funcionamiento de YPFB. La revisión deberá desembocar en una propuesta de reorganización destinada a mejorar los controles, reducir los espacios de discrecionalidad y reforzar la eficiencia de la petrolera estatal. Todavía no se han comunicado el calendario de la licitación, las condiciones exigidas a las empresas interesadas, el presupuesto del contrato ni los plazos para aplicar las recomendaciones. Estos elementos serán fundamentales para garantizar la transparencia de un proceso que precisamente pretende combatir la corrupción.
La intervención anunciada no parte de cero. YPFB ha atravesado diferentes cambios administrativos durante 2026, aunque el Gobierno considera necesario ampliar la revisión a los procesos operativos y comerciales. Fecha Medida adoptada Alcance 3 de marzo de 2026 Desvinculación de 410 funcionarios Reestructuración técnica y apertura de procesos por presuntas irregularidades 24 de junio de 2026 Presentación de un nuevo equipo gerencial Renovación de YPFB Corporación y sus empresas subsidiarias 5 de agosto de 2026 Investigación multidisciplinaria e intervención jurídica Revisión de operaciones, cobros, sistemas y patrimonio de funcionarios Próxima fase Licitación internacional Propuesta de reforma estructural de YPFB Fase posterior Revisión de la ANH y otras empresas públicas Extensión de los controles al conjunto del sector Los cambios gerenciales y las desvinculaciones realizadas durante los últimos meses no han evitado la reaparición de las filas en las gasolineras. El nuevo proceso pretende establecer controles permanentes y no limitarse a una sustitución de cargos.
Los cambios llegan después de meses de denuncias sobre adulteración, desvíos y cobros irregulares en la cadena de suministro La dependencia de las importaciones agrava la crisis La escasez de diésel y gasolina se produce en un mercado muy dependiente de las compras exteriores. Las cifras incorporadas al anuncio del Gobierno sitúan en el 86% la proporción del diésel importado y en el 56% la correspondiente a la gasolina consumida en Bolivia. Combustible Proporción importada Producción nacional resultante Diésel 86% 14% Gasolina 56% 44% Estas cifras muestran que Bolivia produce únicamente el 14% del diésel consumido en el mercado interno y el 44% de la gasolina utilizada en el país . Otras referencias oficiales recientes han llegado a situar la dependencia del diésel cerca de la totalidad del consumo, por lo que el porcentaje exacto puede variar según el periodo analizado y la disponibilidad de producción nacional.
La elevada necesidad de importar carburantes expone al país a cualquier interrupción en las compras, el transporte, los controles de calidad o la distribución. También amplifica el impacto de los desvíos ilegales, porque cada volumen sustraído debe ser reemplazado mediante nuevas adquisiciones en el exterior. El problema se ha agravado por las denuncias sobre combustible adulterado o de baja calidad . Durante 2026, el Ejecutivo reforzó los controles sobre los carburantes importados y estableció mecanismos de compensación para propietarios de vehículos que hubieran sufrido daños atribuibles a la gasolina distribuida.
Además, el Gobierno congeló temporalmente los precios de los combustibles hasta enero de 2027 para evitar que las variaciones internacionales y cambiarias se trasladen de manera inmediata a los consumidores. Esta medida obliga al Estado a cubrir las diferencias que puedan producirse entre el precio de importación y el precio final. La elevada dependencia importadora convierte cualquier fallo en compras, controles o distribución en un riesgo inmediato para el abastecimiento La Autoridad Nacional de Hidrocarburos será la siguiente El Ejecutivo ha adelantado que la Autoridad Nacional de Hidrocarburos será la siguiente institución sometida a revisión. La ANH supervisa la comercialización, los precios, las estaciones de servicio y los registros utilizados para controlar el despacho de carburantes, por lo que su actuación resulta esencial para detectar ventas irregulares y movimientos sospechosos.
La agencia ha desarrollado durante las últimas semanas varios operativos contra el transporte clandestino, la falsificación de etiquetas y los carguíos irregulares. La futura investigación deberá determinar si los mecanismos de supervisión fueron suficientes y si existieron omisiones o responsabilidades internas. El resultado de la reestructuración de YPFB se medirá por la publicación de las conclusiones, la transparencia de la licitación internacional y la capacidad para traducir las reformas en un abastecimiento estable. La reducción de las filas en las gasolineras será la primera prueba visible de la eficacia del proceso.