Seguir a FinanzasDigital en Google La nueva Ley de Arrendamientos abre la puerta a que propietarios e inquilinos acuerden oficialmente cánones de alquiler en dólares, una posibilidad que, según la abogada y especialista en derecho inmobiliario Cora Farías, representa uno de los cambios más relevantes del nuevo marco jurídico aprobado tras los terremotos del 24 de junio. En entrevista con Onda La Superestación, la también docente universitaria explicó que la norma permite fijar el canon en divisas, aunque preserva la posibilidad de que el inquilino pague en bolívares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) cuando no disponga de moneda extranjera. Farías sostuvo que este cambio busca ofrecer mayor seguridad jurídica a las partes y corregir distorsiones que, a su juicio, limitaron durante años el desarrollo del mercado de alquileres. Más leídas Comienza el pago del Bono Único Familiar de agosto: Bs. 11.175 Tasa de Cambio BCV 05 de agosto de 2026: 755,1552 Bs/USD (+0,407%) José Guerra estima que la economía venezolana creció 4% en el primer semestre de 2026 La ley solo aplicará a nuevos contratos La especialista aclaró que la normativa no tendrá efectos retroactivos, por lo que únicamente regirá para los contratos de arrendamiento que se suscriban después de su publicación en Gaceta Oficial. «Debemos ser claros con la ciudadanía: esta nueva ley no tiene efecto retroactivo.
Aplicará exclusivamente para los nuevos contratos», señaló. Agregó que los procesos judiciales y las controversias iniciadas bajo la legislación anterior continuarán tramitándose conforme al régimen vigente al momento de su inicio. «Los juicios y sentencias paralizadas bajo la ley de 2011 y la medida de la Sala Constitucional de 2015 continuarán bajo el esquema anterior», explicó. Ajustes del canon se vincularán al BCV Otro de los cambios destacados por Farías es que el reajuste anual de los alquileres estará ligado al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el BCV. A su juicio, este mecanismo sustituye el sistema de tablas utilizado anteriormente por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), que consideró desactualizado frente a la evolución de la economía venezolana.
La experta explicó que la ley establece que los inquilinos asumirán el pago de los servicios públicos e internet, mientras que las cuotas ordinarias y extraordinarias de condominio podrán ser acordadas libremente entre las partes. Asimismo, destacó que la normativa incorpora mecanismos alternativos para resolver controversias, entre ellos la conciliación, el arbitraje privado y la mediación de los jueces de paz comunal, con el objetivo de reducir la duración de los litigios. Según indicó, el texto también contempla un procedimiento denominado «juicio breve inquilinario», diseñado para tramitar con mayor rapidez los casos de incumplimiento contractual. La especialista consideró que la legislación también podría contribuir a incrementar la oferta de inmuebles en alquiler. «Por temor a no recuperar sus inmuebles, muchos propietarios preferían mantener sus viviendas cerradas.
Esta norma representa una luz en el túnel para restablecer la confianza y dinamizar la oferta de alquileres», concluyó.