Representantes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y de la Procuraduría para las Municipalidades, expresaron este jueves su total respaldo a la Reforma Parcial a la Constitución Política. Durante el proceso de consulta realizado de forma presencial y virtual, ambas instituciones destacaron que estas reformas consolidarán la ruta de desarrollo, paz y estabilidad del país. “Esta Constitución reconocemos que representa mucho más que un conjunto de normas supremas. Consideramos es la expresión jurídica de un proyecto colectivo de convivencia, el marco que está distribuyendo las competencias del poder público reconociendo derechos, estableciendo responsabilidades y definiendo los principios que orientan la vida institucional de un país. Es así que la Constitución constituye la arquitectura jurídica del Estado y las municipalidades creemos es la representación más cercana a la vida cotidiana de las familias nicaragüenses”, manifestó la titular de la PGJ, Wendy Morales. - Te puede interesar:Bancada nicaragüense del Parlacen propone que los delitos de traición a la patria sean imprescriptibles en la Constitución En la jornada de consultas con la Comisión Especial de Carácter Constitucional, participaron de forma virtual más de tres mil funcionarios de las 153 alcaldías del país.
La Procuradora, resaltó que las transformaciones que hoy experimentan los municipios, demandan instituciones más sólidas, con mayor capacidad técnica, jurídica y administrativa para responder a las crecientes demandas de la población, por lo que es necesario garantizar una Carta Magna que responda a las necesidades sociales e institucionales. “Las mejores prácticas internacionales evidencian que la estabilidad institucional favorece la planificación estratégica, facilita la ejecución de proyectos plurianuales, mejora la coordinación interinstitucional y fortalece la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población. Y por ello creemos que, toda Constitución tiene que responder a esas necesidades históricas, tiene que responder a las necesidades sociales e institucionales de cada Estado, incluyendo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para fortalecer la organización del Estado y garantizar una administración pública más eficiente”, puntualizó.