Gustavo Petro entregará este viernes la Presidencia de Colombia a Abelardo de la Espriella después de cuatro años que cambiaron las prioridades del debate político y social del país. El primer Gobierno de izquierda logró mejoras medibles en varios indicadores de bienestar, pero encontró límites en su capacidad de ejecución, en la relación con el Congreso y en la respuesta frente a la expansión de los grupos armados. La caída de la pobreza y del desempleo constituye el resultado social más sólido de los cuatro años La pobreza cae hasta sus niveles más bajos Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que la pobreza monetaria pasó del 36,6% de la población colombiana en 2022 al 28% en 2025. La reducción de 8,6 puntos porcentuales supone que alrededor de 3,8 millones de personas dejaron la pobreza durante el mandato.
La pobreza monetaria extrema descendió del 13,8% al 9,6%, mientras que la pobreza multidimensional , que mide carencias en educación, salud, empleo, vivienda y servicios básicos, bajó del 12,9% al 9,9%. Indicador social 2022 2025 Variación Pobreza monetaria 36,6% 28,0% -8,6 puntos Pobreza monetaria extrema 13,8% 9,6% -4,2 puntos Pobreza multidimensional 12,9% 9,9% -3,0 puntos Tasa anual de desempleo 11,2% 8,9% -2,3 puntos Solo durante 2025, 1.790.909 personas salieron de la pobreza monetaria y otras 999.451 personas abandonaron la pobreza extrema. Pese a la mejora, Colombia todavía contabilizaba 14.446.726 habitantes por debajo de la línea de pobreza y mantenía una brecha territorial considerable: la pobreza monetaria alcanzaba el 39,5% en las zonas rurales, frente al 24,6% de las cabeceras municipales. La evolución respondió a una combinación de factores, entre ellos los aumentos del salario mínimo , la creación de empleo, la reducción de la inflación, las transferencias sociales y el incremento de las remesas.
Por ello, los resultados no pueden atribuirse exclusivamente a una sola política, aunque sí consolidan el principal avance social del cuatrienio. La política agraria mejoró la seguridad jurídica rural, pero la redistribución efectiva quedó muy por debajo de la meta La reforma agraria avanza entre cifras que no significan lo mismo La reforma agraria aparece como uno de los logros más reconocidos incluso por analistas críticos con el Ejecutivo. Petro recuperó la cuestión de la tierra como prioridad estatal, reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y orientó financiación y asistencia hacia pequeños y medianos productores. Mario Ureña, profesor de la Universidad del Rosario, considera que la política agraria “dignificó mucho el acceso a la tierra”, mientras que el politólogo Alejandro Chala destaca los avances en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 , relacionado con la reforma rural integral y el catastro multipropósito.
Sin embargo, las cifras oficiales agrupan procesos diferentes. Formalizar un predio reconoce jurídicamente una propiedad o tenencia existente, pero no significa que una nueva familia campesina haya recibido tierras. Gestión agraria Hectáreas Alcance Tierras formalizadas o tituladas Más de 1.878.000 Seguridad jurídica sobre predios ya ocupados Tierras gestionadas para acceso 703.121 Predios incorporados o tramitados para distintos beneficiarios Tierras compradas 461.117 Adquisiciones realizadas por el Estado Tierras entregadas o redistribuidas 338.777 Adjudicación efectiva a familias y comunidades Meta de entrega para el mandato 1.500.000 Objetivo del periodo 2022-2026 Cumplimiento de la meta de entrega 22,6% Proporción efectivamente redistribuida Las categorías responden además a fechas de corte diferentes y no pueden sumarse entre sí. El balance muestra un avance histórico en formalización de tierras , pero también que la redistribución efectiva quedó lejos de alterar de manera sustancial la concentración de la propiedad rural.
Juan Lozano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, considera histórica la entrega de alrededor de 350.000 hectáreas, aunque advierte de las amenazas contra beneficiarios, los conflictos sobre algunos terrenos y la falta de infraestructura, crédito y seguridad para garantizar que las adjudicaciones se traduzcan en producción sostenible. La reforma laboral entró en vigor, mientras salud, pensiones e igualdad acabaron bloqueadas, suspendidas o en liquidación La reforma laboral, principal victoria legislativa La reforma laboral , convertida en la Ley 2466 de 2025, fue el mayor éxito legislativo del Gobierno. La norma amplió los recargos nocturnos y dominicales, reforzó el contrato indefinido como modalidad preferente e incorporó nuevas garantías para trabajadores de plataformas, aprendices y colectivos históricamente desprotegidos. Su aprobación llegó después de un recorrido político complejo y de la amenaza de una consulta popular, pero permitió a Petro cerrar el mandato con una de sus principales promesas sociales convertida en ley.
Sus efectos sobre la formalización laboral , la contratación y la creación de empleo deberán medirse durante los próximos años. El balance fue muy diferente en salud, pensiones y política de igualdad. Transformación Resultado al final del mandato Reforma laboral Aprobada y en vigor desde 2025 Reforma de la salud Archivada en diciembre de 2025; nuevo proyecto registrado el 21 de julio de 2026 Reforma pensional Aprobada como Ley 2381 de 2024, pero suspendida y pendiente del fallo constitucional Ministerio de Igualdad Entró en liquidación en junio de 2026 por la inconstitucionalidad de su ley de creación Reforma agraria Avances administrativos y de formalización, pero cumplimiento parcial de la redistribución La reforma de la salud concentró una parte considerable del capital político del Ejecutivo. La Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto en diciembre de 2025 por ocho votos frente a cinco.
El oficialismo registró una nueva iniciativa de 90 artículos en julio de 2026, pero Petro abandona el poder sin haber cambiado la arquitectura del sistema sanitario. La reforma pensional llegó más lejos y fue aprobada por el Congreso, aunque la Corte Constitucional suspendió su entrada en vigor tras detectar posibles vicios en el trámite legislativo. La incertidumbre judicial impidió que el nuevo modelo de pilares comenzara a aplicarse plenamente durante el mandato. El Ministerio de Igualdad , una de las apuestas emblemáticas de Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, tampoco logró consolidarse.
La Corte Constitucional declaró inexequible su ley de creación por defectos de procedimiento y el Gobierno inició su liquidación en junio de 2026. Sus competencias fueron distribuidas entre el Ministerio del Interior y Prosperidad Social. La economía recuperó tracción en 2025, pero el desequilibrio fiscal trasladó un ajuste difícil al siguiente Gobierno Crecimiento moderado y una pesada herencia fiscal El comportamiento de la economía colombiana ofrece un balance intermedio. Después de la fuerte recuperación posterior a la pandemia, que impulsó el crecimiento del 7,3% en 2022, la actividad se frenó hasta el 0,6% en 2023.
El producto interior bruto avanzó un 1,7% en 2024 y recuperó impulso con una expansión del 2,6% en 2025. Año Crecimiento del PIB 2022 7,3% 2023 0,6% 2024 1,7% 2025 2,6% El consumo, el comercio, el turismo, los servicios y algunas actividades agrícolas sostuvieron la recuperación, mientras la construcción, la minería y la inversión privada mostraron una evolución más débil. Ureña resume el periodo como una gestión que “no fue tremendamente exitosa en el frente económico”, pero que tampoco representó la catástrofe anticipada por algunos sectores. La principal vulnerabilidad aparece en las finanzas públicas .
El déficit total del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en torno al 6,4% del PIB y el déficit primario alcanzó el 3,5% del PIB. Aunque la deuda neta terminó ese ejercicio en el 58,5% del PIB, por debajo de algunas previsiones oficiales, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido de que el siguiente Gobierno deberá acometer un ajuste estructural de ingresos y gastos. A las tensiones fiscales se añadieron los escándalos de corrupción . El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres alcanzó a exdirectivos, congresistas y antiguos ministros.
La Fiscalía acusó formalmente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el direccionamiento de contratos, acusaciones sobre las que todavía deben pronunciarse los tribunales. Transparencia por Colombia calificó como deficiente la gestión anticorrupción del cuatrienio al considerar que el Gobierno no consiguió convertir su discurso inicial en cambios institucionales estructurales. La Paz Total abrió nueve espacios de diálogo, pero no frenó la expansión territorial ni el reclutamiento armado La Paz Total, el principal fracaso del Gobierno La Paz Total pretendía negociar simultáneamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y diferentes organizaciones criminales. El Gobierno abrió o mantuvo nueve espacios de diálogo, pero las mesas avanzaron de manera desigual y no produjeron desarmes colectivos de gran alcance.
La negociación con el ELN quedó suspendida tras la ofensiva de enero de 2025 en el Catatumbo. Los contactos con las disidencias se fragmentaron a medida que esas estructuras se dividían, mientras el diálogo con el Clan del Golfo llegó a la recta final del mandato sin garantías sobre su continuidad. Un balance de la Fundación Ideas para la Paz, elaborado a partir de cifras oficiales de la Fuerza Pública, calcula que los grupos armados organizados pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Estructura armada 2022 2026 Variación Total de grupos armados organizados 15.120 integrantes 28.802 integrantes Cerca del 90% Clan del Golfo 4.061 integrantes 10.268 integrantes 152% ELN 5.851 integrantes 7.123 integrantes 22% La Fundación reconoce que el deterioro no puede atribuirse exclusivamente a la Paz Total , porque responde a dinámicas territoriales y económicas acumuladas durante varios gobiernos.
No obstante, considera que los ceses al fuego sin mecanismos suficientes de verificación facilitaron el fortalecimiento de algunas estructuras. La Defensoría del Pueblo documentó durante 2025 alrededor de 107.900 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos y más de 128.800 personas sometidas a confinamiento. Para Ureña, la intención de negociar era legítima, pero “la implementación fue decepcionante” por la ausencia de una metodología común, objetivos verificables y una estrategia de seguridad coherente. Las energías renovables avanzaron con rapidez, aunque las métricas oficiales confirman que el objetivo de 6 GW quedó incompleto Una transición energética con avances y objetivos pendientes La transición energética fue uno de los ejes internacionales del discurso de Petro.
El Gobierno mantuvo la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, impulsó la energía solar y promovió el modelo de comunidades energéticas. El Ministerio de Minas y Energía sostiene que Colombia pasó de unos 200 megavatios de fuentes renovables no convencionales en 2022 a contabilizar hasta 4.626 megavatios de capacidad solar y eólica instalada. Otras mediciones oficiales más restrictivas, limitadas a proyectos en operación y pruebas, situaban el avance en 3.677,57 megavatios. Objetivo energético Resultado Cumplimiento aproximado Meta del Plan 6GW+ 6.000 MW 100% previsto Capacidad en operación y pruebas 3.677,57 MW 61,3% Contabilización ministerial de capacidad instalada 4.626 MW 77,1% Meta de comunidades energéticas 5.000 proyectos 100% previsto Comunidades con recursos y ejecución acelerada 2.321 proyectos 46,4% Las diferencias responden a la inclusión de instalaciones en fases distintas de desarrollo.
En cualquier caso, las cifras muestran un aumento relevante de la capacidad solar, pero también un incumplimiento del objetivo inicial de 6.000 megavatios y dificultades para desplegar la energía eólica, especialmente en La Guajira. Colombia mantuvo además una elevada dependencia de la generación hidroeléctrica y de los ingresos procedentes de los hidrocarburos. La falta de nuevos contratos de exploración abrió un debate sobre la disponibilidad futura de gas, las importaciones y la seguridad energética, una discusión que continuará durante el siguiente mandato. Un legado social condicionado por la ejecución Petro será recordado como el presidente que llevó por primera vez a la izquierda al poder nacional y que situó la desigualdad, la tierra, el trabajo y la transición energética en el centro de la agenda colombiana.
Su Gobierno deja resultados sociales cuantificables, una reforma laboral aprobada y una política agraria más activa. Al mismo tiempo, abandona el poder sin haber culminado la reforma sanitaria, con la reforma pensional suspendida, el Ministerio de Igualdad en liquidación, una situación fiscal delicada y una Paz Total incapaz de frenar el crecimiento de las organizaciones armadas. El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella recibirá este viernes un país con la menor tasa de pobreza monetaria de la serie comparable y el desempleo en mínimos históricos, pero también con 14.446.726 personas todavía en situación de pobreza y cerca de 29.000 integrantes en grupos armados ilegales.