Bloomberg — Las autoridades mexicanas han detenido a un exgobernador acusado de ocultar pruebas en el caso del secuestro y presunto asesinato, ocurrido hace más de una década, de decenas de estudiantes que se formaban para ser profesores en la Escuela Rural de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, en lo que fue uno de los casos penales más notorios del país. La Fiscalía anunció el jueves que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ha sido puesto bajo custodia. Según el medio local Milenio, ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad. La última revisión del caso de 2014 se está llevando a cabo en el marco de un “nuevo modelo de investigación” que alega que Aguirre ocultó información clave que podría ayudar a determinar el paradero de los 43 estudiantes, según indicó la Fiscalía General en una publicación en X.
El exgobernador no se ha pronunciado públicamente sobre su detención, y no quedó claro de inmediato si ha contratado a un abogado. Aguirre, quien gobernó el estado sureño de Guerrero entre 2011 y 2014, es uno de los cargos más altos detenidos con relación al caso. En la época en que ocupó el cargo de gobernador, era miembro del Partido de la Revolución Democrática, de izquierdas, que ha sido absorbido en gran medida por el partido gobernante Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aguirre habría intentado ocultar las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron cómo la policía detenía un autobús en el que viajaban algunos de los estudiantes la noche en que desaparecieron, según afirmó la fiscal general Ernestina Godoy en un vídeo publicado en las redes sociales, citando a testigos.
Sheinbaum ha respaldado nuevas líneas de investigación apoyadas por expertos independientes, entre las que se incluye un nuevo análisis de los registros telefónicos. La detención de Aguirre constituye uno de los avances más destacados de ese renovado esfuerzo. Los 43 jóvenes secuestrados estudiaban para ser profesores en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa cuando los autobuses en los que viajaban para unirse a una manifestación fueron atacados por la policía local. Hasta la fecha, solo se han identificado los restos de tres de ellos.
El caso, en el que también se vio implicada una banda criminal local, se convirtió en un trágico símbolo de la crisis de las personas desaparecidas y la impunidad en México. Desencadenó protestas masivas y la condena internacional. Las familias de los estudiantes siguen exigiendo un esclarecimiento completo de lo ocurrido y el enjuiciamiento de los responsables.