El Tribunal de Cuentas del Estado de São Paulo abrió una investigación formal para determinar posibles irregularidades y perjuicios económicos relacionados con la privatización de los servicios de venta y recaudación de boletos del transporte público. La fiscalización analiza el traspaso del control de los ingresos tarifarios del Metro y de la red ferroviaria paulista a consorcios privados durante la gestión del gobernador Tarcísio de Freitas. La denuncia presentada por legisladores locales cuestiona la transparencia del proceso y señala posibles conflictos de interés entre autoridades estatales y empresarios vinculados al sector de autobuses. Uno de los principales puntos bajo análisis es el papel de la empresa privada Autopass en la gestión de la recaudación; mientras las compañías públicas de transporte habrían perdido parte del control directo sobre sus ingresos.
El caso también examina la eliminación de las taquillas públicas y su sustitución por sistemas de autoservicio administrados por empresas privadas. Especialistas y organizaciones de movilidad urbana sostienen que este modelo podría limitar la capacidad del Estado para supervisar los recursos tarifarios y planificar el presupuesto destinado al transporte colectivo. Sistema de boletos de São Paulo enfrenta investigación Asimismo, organizaciones sociales y colectivos de usuarios cuestionan la privatización de servicios considerados esenciales y; al mismo tiempo, reclaman mayor transparencia en los contratos. En este sentido, estas agrupaciones defienden la recuperación del control público sobre la recaudación y, además; advierten sobre las posibles consecuencias que este modelo podría tener para los millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público en São Paulo.
Por ello, consideran necesario reforzar la supervisión estatal y garantizar una gestión más transparente de los recursos destinados al sistema de transporte. Con la apertura del procedimiento, el Tribunal de Cuentas revisará contratos; procedimientos administrativos y movimientos financieros para determinar si existieron irregularidades, responsabilidades institucionales o daños a las arcas públicas. También se prevé la revisión conjunta de expedientes anteriores relacionados con la privatización del sistema de boletaje. Mientras continúa la investigación, el Gobierno de São Paulo mantiene el modelo vigente.
Además, las conclusiones del órgano fiscalizador podrían definir eventuales responsabilidades y también aportar nuevos elementos sobre la legalidad de los contratos y el manejo de los ingresos del transporte público.