La Justicia uruguaya confirmó las condenas contra nueve exmilitares por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos detenciones ilegales; torturas y el homicidio del médico Vladimir Roslik en el departamento de Río Negro. El tribunal de apelaciones rechazó por unanimidad los recursos presentados por las defensas; que cuestionaban la condena bajo el argumento de la prescripción de los delitos de lesa humanidad. La resolución ratificó penas de entre 11 y 15 años y medio de prisión para Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Ivo Morales y Abel Pérez. Las condenas fueron dictadas en diciembre de 2025 por el juez de Fray Bentos; Claudio de León.
El fallo de segunda instancia confirmó las actuaciones de la primera instancia. El proceso judicial reconstruyó la represión ejercida entre 1980 y 1984 contra veinte habitantes de San Javier; localidad fundada en 1913 por inmigrantes rusos. La comunidad fue perseguida por las autoridades militares bajo acusaciones de supuestas afinidades comunistas. Uruguay ratifica condenas por la represión Durante ese período fueron clausurados espacios culturales; como el centro Máximo Gorki, se restringió el uso del idioma local y se produjeron detenciones arbitrarias.
Uno de los episodios más graves ocurrió en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, donde Vladimir Roslik lo detuvieron y fue torturado hasta morir en 1984. Su caso es considerado uno de los símbolos de la represión de la dictadura y el último fallecimiento por tortura antes del retorno democrático de 1985. La sentencia también respaldó la aplicación de normas internacionales de derechos humanos frente a los argumentos de prescripción. Las defensas aún pueden presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.