Seguir a FinanzasDigital en Google Los daños provocados por los sismos del 24 de junio no solo dejaron en evidencia las vulnerabilidades de algunas edificaciones venezolanas. También pusieron sobre la mesa una pregunta menos visible, pero crucial para la reconstrucción: ¿quién paga cuando un edificio queda parcialmente afectado y las áreas comunes no están aseguradas? En Venezuela, las pólizas para condominios con cobertura contra terremotos funcionan de manera independiente de los seguros de hogar individuales. Son, además, el instrumento privado diseñado para cubrir los daños estructurales que afectan las áreas comunes de los edificios.
El problema es que este tipo de protección tiene una cobertura todavía limitada. Luego de los terremotos, el sector asegurador nacional, bajo la coordinación de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), ha reforzado el llamado a contratar pólizas frente a desastres. Según los datos citados por el sector, apenas 3% de las edificaciones del país cuenta con algún tipo de póliza ante desastres. Más leídas Saime modifica horarios de atención en oficinas de Caracas desde este lunes La manía de ahogar el español Cancilleres de Venezuela y España exploran nuevas áreas de cooperación El seguro de un apartamento no siempre basta María del Carmen Bouffard, consultora y analista especializada en la industria aseguradora y expresidenta ejecutiva de la CAV, señala que uno de los problemas que quedaron expuestos tras los terremotos es la diferencia entre asegurar una vivienda y proteger el conjunto del edificio.
Un propietario puede tener asegurado su apartamento y contar con respaldo para reparar los daños de su inmueble. Pero eso no necesariamente significa que estén protegidas las áreas comunes. «¿Qué pasa si el resto del edificio, el resto de las áreas comunes no cuentan con este seguro?», planteó Bouffard. La pregunta adquiere especial relevancia en edificios donde los daños no se limitan a una vivienda. Escaleras, fachadas, ascensores, estacionamientos y otras estructuras compartidas pueden requerir reparaciones que exceden la capacidad de un solo propietario.
Bouffard considera que esta es una de las lecciones que dejan los sismos, particularmente en zonas como Caracas y La Guaira, donde algunos edificios sufrieron daños tanto en las unidades residenciales como en las áreas comunes. En esos casos, explicó, la responsabilidad termina recayendo sobre el conjunto de propietarios cuando no existe una póliza que cubra las partes comunes. La alícuota puede entrar en el seguro residencial La situación puede ser diferente cuando una póliza residencial contempla la participación que corresponde al propietario dentro del condominio. «Hay pólizas residenciales aquí en Venezuela donde la parte que le corresponde a un propietario del condominio, su porción, también se incluye dentro del seguro residencial», explicó Bouffard. En esos casos, el pago se realiza en función de la alícuota correspondiente al propietario.
Pero esto no elimina el problema cuando el resto de la estructura carece de cobertura. El escenario puede ser especialmente complejo si un apartamento asegurado resulta reparable, pero el edificio en su conjunto presenta daños que requieren una intervención mayor. Primero debe realizarse un avalúo para determinar la magnitud de los daños. Después se establece qué puede repararse y cuál es el alcance de la cobertura.
Si el apartamento cuenta con seguro, pero las áreas comunes del edificio no están protegidas, los propietarios tendrían que asumir el costo de esas reparaciones. Falta una fotografía precisa del mercado Otro de los problemas señalados por Bouffard es que actualmente no existe una cifra consolidada que permita conocer cuántos inmuebles venezolanos cuentan específicamente con seguros bajo esta modalidad de condominio. Para obtenerla, explicó, primero sería necesario disponer de información sobre el número de viviendas aseguradas y cruzarla con los datos de daños provocados por los sismos. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora solicitó recientemente a las empresas de seguros y de medicina prepagada información relacionada con el doble sismo.
La solicitud, según Bouffard, no se limita a identificar los inmuebles que sufrieron daños. También busca conocer cuáles edificaciones aseguradas se encontraban en las zonas afectadas pero no registraron daños. Esa información permitiría comenzar a construir una estadística más precisa sobre el impacto de los terremotos y el nivel de protección existente. La tarea, añadió, debería permitir distinguir entre residencias, viviendas, comercios e industrias.
El costo de reconstruir La discusión sobre los seguros ocurre mientras el sector de la construcción también reclama una revisión de las normas que regulan las edificaciones en Venezuela. El Colegio de Ingenieros de Venezuela propuso este lunes la creación de una Comisión Nacional Independiente para actualizar las normas sismorresistentes y la planificación urbana. La propuesta contempla investigar las causas de los colapsos, formular recomendaciones para fortalecer la normativa y aportar información para las políticas de reducción de riesgos y reconstrucción. Ambas discusiones apuntan a un mismo problema desde ángulos diferentes: reconstruir después de un terremoto no consiste únicamente en reparar lo que se rompió.
También implica saber qué estaba protegido, quién asumirá los costos y qué debe cambiar para que las mismas vulnerabilidades no vuelvan a producir los mismos daños. Con información de Unión Radio