Bloomberg Línea — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca contratar a una empresa privada para localizar a personas que Estados Unidos ya ha deportado y cobrarles las multas de inmigración pendientes en México, Honduras y Guatemala. La contratación, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), contempla servicios de rastreo de personas fuera de Estados Unidos, verificación de sus domicilios y notificación de las deudas que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, mantienen con las autoridades migratorias. Los documentos, fechados al 31 de julio de 2026, establecen que el servicio tendrá inicialmente una duración estimada de dos años, entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2028. El alcance podrá ampliarse posteriormente a otros países.
La empresa seleccionada deberá utilizar herramientas de localización y datos comerciales para identificar la dirección actual o más probable de los deudores. También podrá realizar labores de observación física y deberá entregar a CBP documentación que permita confirmar que se trata de la persona buscada. Entre las pruebas aceptadas por las autoridades figuran fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos, registros laborales, documentos judiciales y otros documentos que CBP considere relevantes y creíbles. En caso de que la persona haya fallecido, el contratista podrá presentar un certificado de defunción.
Una vez confirmada la identidad y ubicación, el investigador deberá notificar al migrante sobre la deuda y las opciones disponibles para resolverla. La comunicación deberá incluir un volante impreso, aprobado por el Gobierno de EE.UU. y elaborado en inglés y español, con información sobre el monto adeudado y las instrucciones para efectuar el pago. El objetivo final del programa es conseguir el pago de las multas y otros cargos mediante Pay.gov, la plataforma federal de pagos. Los documentos señalan que el pago puede ser realizado por el propio deudor o por otra persona, pero advierten que el sistema requiere una cuenta bancaria con sede en Estados Unidos.
CBP calcula que, hasta julio de 2026, había 66.387 personas que fueron expulsadas de Estados Unidos y que mantienen pendientes multas o sanciones civiles emitidas por la agencia. El valor estimado de los cargos pendientes administrados por el DHS asciende a US$423 millones. Alcance del programa El programa busca ampliar un mecanismo de cobro que ya funciona dentro de Estados Unidos. CBP mantiene contratos de trabajo con tres empresas privadas de cobranza que intentan recuperar multas y otros cargos impuestos por autoridades migratorias.
Cuando los deudores se encuentran fuera del país, esas empresas han intentado contactarlos mediante cartas y llamadas, pero el Gobierno indicó que no había conseguido localizar a ninguna persona en el extranjero. Las nuevas empresas, en cambio, recibirían el encargo de realizar directamente las labores de rastreo en los países donde viven los migrantes. Los documentos señalan que los contratistas deberán cumplir las leyes aplicables en cada jurisdicción y explicar a CBP los métodos, herramientas y recursos utilizados para localizar a las personas. El alcance del programa cobra relevancia por el tamaño de las multas impuestas a algunos migrantes.
El DHS ha informado que ha emitido más de US$84.000 millones en multas contra personas acusadas de incumplir órdenes de salida de Estados Unidos. Estas sanciones se basan en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 que permite imponer multas diarias por incumplir una orden de salida. La sanción, originalmente establecida en US$500 diarios, actualmente llega a US$998 por día después de los ajustes por inflación. Aplicada durante cinco años, la multa puede superar los US$1,8 millones por persona.
Algunas personas que recibieron estas sanciones, además, han enfrentado cargos administrativos adicionales por parte de empresas privadas de cobranza, según abogados citados por WIRED. El Gobierno estadounidense sostiene que las personas que abandonen el país mediante las opciones de autodeportación ofrecidas por la aplicación CBP Home pueden acceder a la condonación de determinadas multas por incumplimiento de salida. Sin embargo, esa exención no cubre todos los cargos migratorios. Entre ellos figura una tarifa de US$5.130 establecida por el Congreso para determinadas personas que fueron ordenadas a ser expulsadas en ausencia y posteriormente detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un informe sobre personas deportadas de Estados Unidos a México, Human Rights Watch, documentó que las autoridades estadounidenses confiscaron los teléfonos y la identificación de muchas de las personas que entrevistaron antes de la expulsión, lo que les impidió abrir cuentas bancarias o acceder al dinero que ya tenían.