Una decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia mantiene abierto el camino para que el Gobierno de Donald Trump aplique medidas de expulsión acelerada contra determinados inmigrantes, en medio de una disputa judicial sobre el alcance de las protecciones otorgadas mediante parole durante la administración de Joe Biden. El caso Coalition for Humane Immigrant Rights v. Noem enfrenta a organizaciones defensoras de inmigrantes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las entidades cuestionaron directrices de la administración Trump que podían exponer a antiguos beneficiarios del parole a procedimientos de deportación acelerada.
En septiembre de 2025, el D.C. Circuito rechazó la petición del Gobierno para suspender una orden del tribunal de Distrito de Columbia. Los jueces determinaron que las autoridades no demostraron el perjuicio irreparable necesario para obtener esa medida. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh?
No: el juez Justin Walker, en una opinión concurrente, sostuvo que la orden inferior podía interpretarse de manera que no bloqueara la aplicación de la expulsión acelerada a personas con parole bajo determinadas disposiciones regulatorias. Trump endurece medidas contra inmigrantes con parole La controversia adquirió nuevo alcance en junio de 2026. En Make the Road New York v. Mullin, el mismo tribunal anuló una suspensión contra la política de 2025 que amplió el uso de la expulsión acelerada a escala nacional.
No obstante, la sentencia establece que la ley excluye de esa categoría a quienes fueron admitidos o recibieron parole. La disputa, por tanto, continúa siendo relevante para miles de personas que ingresaron legalmente mediante programas humanitarios, incluidos beneficiarios del programa para ciudadanos de Cuba, Haití; Nicaragua y Venezuela. Las organizaciones defensoras sostienen que las medidas del Gobierno pueden reducir las garantías procesales; mientras la administración Trump defiende una aplicación más amplia de sus facultades migratorias.