Bloomberg Línea — Tras un doble terremoto que ha dejado más de 6.000 muertos y miles de desplazados, Venezuela comenzó a recibir y gestionar distintos mecanismos de financiamiento para atender la emergencia y avanzar hacia la reconstrucción desde distintos orígenes, formas de administración y destinos. Mientras algunos fondos son recursos propios de Venezuela que fueron liberados para atender la emergencia, otros corresponden a aportes que organismos internacionales buscan captar para financiar la respuesta humanitaria. También existe un mecanismo creado por el gobierno venezolano para convertir parte de ese respaldo financiero en subsidios y créditos destinados directamente a las familias damnificadas. Uno de los anuncios más importantes fue la liberación de US$346 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según informaron las autoridades venezolanas, se trata de recursos propios del país que estaban disponibles en el organismo y que fueron habilitados para atender las consecuencias de los terremotos. El FMI explicó que se trata del tramo de reserva de Venezuela, una fuente de liquidez de acceso relativamente rápido para enfrentar necesidades urgentes. Es diferente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que permanecen retenidos y que representan un monto mucho mayor. El Ejecutivo ha señalado que esos US$346 millones serán utilizados para apoyar a las familias afectadas, principalmente en vivienda, infraestructura y restitución de servicios públicos esenciales.
Es decir, no se presentan como una donación internacional nueva, sino como la utilización de activos venezolanos que pudieron ser movilizados para responder al desastre. “Nuestra directora gerente habló esta semana con la presidenta encargada Rodríguez. Discutieron la situación económica en evolución. También hablaron sobre el uso del tramo de reservas de Venezuela en el FMI, que proporciona una fuente importante y fácilmente disponible de liquidez que puede movilizarse rápidamente para ayudar a atender necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre. Hemos estado trabajando con las contrapartes para facilitar el acceso a los propios recursos de Venezuela en el Fondo”, dijo la portavoz del FMI, Julie Kozack.
El fondo de la CAF Otro mecanismo es el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El fondo busca recibir contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas naturales y otros socios, reuniéndolas bajo un marco común de administración y rendición de cuentas. La idea es evitar que la ayuda quede dispersa entre múltiples iniciativas y facilitar que los recursos lleguen a las zonas y proyectos considerados prioritarios. En este caso, por tanto, la CAF funciona como una plataforma financiera para canalizar contribuciones hacia la recuperación.
El monto inicial objetivo del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela de la CAF es de hasta US$200 millones, el cual funciona como un mecanismo multidonante abierto. Para activarlo, la institución aportó un capital semilla inicial de US$1 millón. Entre las prioridades anunciadas por Venezuela está la reconstrucción de viviendas, aunque el mecanismo está concebido para atender necesidades más amplias de recuperación y reconstrucción. El fondo también es relevante porque introduce un elemento clave durante los próximos meses, como es la trazabilidad de los recursos.
Al reunir diferentes aportes bajo un esquema común de administración y rendición de cuentas, se busca que sea posible identificar de dónde provienen los recursos y hacia qué iniciativas se dirigen. Dinero para la emergencia y no para largo plazo La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un llamamiento de US$98 millones para responder de manera urgente a las consecuencias de los terremotos. Este mecanismo tiene una lógica distinta a la del fondo de la CAF. Se trata de una solicitud de financiamiento para sostener la respuesta humanitaria durante la emergencia.
La OIM trabaja en áreas como alojamiento, protección, servicios básicos, agua y saneamiento y atención a personas desplazadas. Su plataforma de respuesta mantiene además un llamamiento específico para la emergencia sísmica de Venezuela correspondiente al período julio-diciembre de 2026. La diferencia entre estos recursos y los del FMI es fundamental: los US$98 millones de la OIM corresponden a una necesidad de financiamiento humanitario que la organización busca cubrir mediante aportes de donantes. Naciones Unidas La respuesta de Naciones Unidas muestra cómo las necesidades están cambiando con el paso de las semanas.
A más de un mes de los terremotos, la ONU informó que más de 117.000 personas habían recibido asistencia humanitaria. Esa ayuda incluyó alimentos, atención sanitaria, agua y saneamiento, alojamiento temporal, protección, nutrición, educación y apoyo psicosocial. Pero la respuesta ya está entrando en una segunda fase. Naciones Unidas anunció que, con apoyo del PNUD, comenzaría una Evaluación de Necesidades Post Desastre, destinada a determinar las necesidades de reconstrucción, incluyendo la rehabilitación de infraestructura y el restablecimiento de servicios esenciales.
El 8 de julio, además, la comunidad humanitaria lanzó una adenda al Plan de Respuesta Humanitaria que requiere US$299 millones adicionales para atender durante seis meses a 1,3 millones de personas afectadas. Sumado al plan humanitario existente, la respuesta requiere US$931 millones para asistir a 6,2 millones de personas en todo el país. Al 24 de julio, Naciones Unidas señalaba que se había recibido el 41% de los fondos requeridos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez solicitó también el apoyo del PNUD para el impulso de programas de formación laboral y empleo para las comunidades afectadas. “Seguimos avanzando con la cooperación internacional”. ¿Y cómo llega el dinero?
El mecanismo más concreto anunciado hasta ahora es el Fondo “Venezuela Renace”, que comenzó a utilizarse para facilitar la recuperación de viviendas. El gobierno de Delcy Rodríguez anunció un esquema que combina subsidios directos del fondo y créditos de la banca pública y privada para que las familias que perdieron su vivienda principal puedan adquirir inmuebles en el mercado secundario. Para viviendas de hasta US$70.000, el fondo subsidiará directamente el 80% del valor, mientras que el 20% restante será financiado por un plazo de 25 años, mientras que para viviendas con un valor entre US$70.000 y US$100.000, el subsidio será del 50%, y el resto se financiará igualmente a 25 años. Este modelo muestra cómo el dinero destinado a la reconstrucción puede tener distintos niveles de intermediación.
Primero se crea o moviliza el recurso; después se define el mecanismo financiero; y finalmente el apoyo puede llegar al damnificado mediante un subsidio, un crédito o la ejecución de una obra.