Defendió que cualquier decisión de esa naturaleza respondiera exclusivamente a los intereses de República Dominicana. La petición se produce este domingo, cuando el país conmemora el aniversario 163 del inicio de la Guerra de la Restauración, gesta librada tras la anexión a España y considerada uno de los principales hitos de la historia dominicana en defensa de la soberanía nacional. Ante las versiones que atribuyen la medida contra los diplomáticos a presuntas presiones de Estados Unidos, Gómez Ramírez sostuvo que no puede establecerse si existen intereses extranjeros detrás de la decisión, pero subrayó que el pueblo tiene derecho a conocer las razones de una medida de esa naturaleza. “Toda medida de esa naturaleza tiene que ser fruto de una decisión propia del país y tienen que existir causas”, afirmó el presidente del Instituto Duartiano, quien recordó que el pueblo, como soberano, tiene derecho a saber por qué se adoptan determinadas decisiones. Gómez Ramírez señaló que, de confirmarse que la actuación responde a intereses foráneos, entraría en contradicción con el artículo 3 de la Constitución, que establece que bajo ninguna circunstancia otra nación puede intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de la República Dominicana.
Asimismo, recordó que la Carta Magna establece la autodeterminación como un principio cardinal y esencial de la política internacional del país. “De ahí que la explicación al país hay que dársela y toda medida tiene que atender a los intereses supremos de la República”, manifestó. Insistió en la necesidad de preservar la soberanía y autodeterminación nacional y llamó a que la política exterior dominicana se conduzca con la prudencia tradicional, el tacto institucional y el cuidado que requieren las relaciones internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 13 de agosto pasado que el Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines. La medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte, sostuvo en un comunicado.
Mientras, Cuba rechazó de inmediato en los términos más enérgicos esa determinación y subrayó que no existe motivo que justifique la resolución de las autoridades locales. Un comunicado de la Cancillería aseguró que los funcionarios cubanos han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con absoluto respeto a las leyes de esta nación. car/mpv