El Ejecutivo de Rodrigo Paz ha acelerado la transformación del mercado de hidrocarburos de Bolivia ante las nuevas dificultades para garantizar el suministro de combustible. El Decreto Supremo 5676, publicado el 16 de agosto, introduce un precio de referencia para determinados consumidores de diésel, mientras el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, ha adelantado que la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) desaparecerá y será sustituida por un nuevo organismo regulador. Bolivia combina la reforma del regulador con un nuevo modelo de precios para reducir la presión fiscal de importar diésel La ANH desaparecerá y será sustituida por otro regulador Blanco ha asegurado que el decreto para sustituir la ANH será aprobado en los próximos días. El organismo nació en 2009 para reemplazar a la Superintendencia de Hidrocarburos y desde entonces se ocupa de regular, controlar, fiscalizar y supervisar las distintas actividades de la cadena petrolera.
La desaparición de la agencia no supondrá que el Estado abandone la regulación del sector. El Gobierno pretende crear una nueva institución reguladora , con otra estructura y un enfoque diferente. Blanco ha relacionado la decisión con las presuntas irregularidades y deficiencias detectadas por el Ejecutivo en el control del contrabando de combustible, aunque esas acusaciones no constituyen por sí mismas determinaciones judiciales. La medida llega después de que el Ministerio de Hidrocarburos anunciara a comienzos de agosto una intervención de YPFB para investigar denuncias de supuestos cobros indebidos e irregularidades en la comercialización de carburantes.
El Ejecutivo pretende sustituir la actual ANH por una nueva estructura reguladora y reorganizar también el funcionamiento de YPFB El diésel sube un 83,7% para determinados consumidores El otro gran cambio afecta directamente al precio del diésel en Bolivia . El Decreto Supremo 5676 establece un precio referencial inicial equivalente a unos 1,34 euros por litro para clientes directos y grandes consumidores, frente a aproximadamente 0,72 euros por litro del precio regulado que seguirá vigente para los consumidores protegidos. La diferencia representa un incremento del 83,7% . Las equivalencias en euros se calculan a partir de los precios comunicados por el Gobierno y del cambio euro-dólar del Banco Central Europeo del 17 de agosto.
La norma divide el mercado según el volumen de combustible utilizado. Los clientes directos son aquellos que adquieren entre 5.000 y 19.999 litros de diésel al mes, mientras que la categoría de grandes consumidores (GRACOS) comienza a partir de 20.000 litros mensuales. YPFB ha precisado que los usuarios con consumos inferiores a 5.000 litros que realizan la carga ordinaria en el depósito del vehículo continuarán con el precio regulado. Tipo de consumidor Consumo mensual de diésel Precio aproximado Variación Consumidor protegido Menos de 5.000 litros 0,72 euros/litro Sin cambios Cliente directo De 5.000 a 19.999 litros 1,34 euros/litro +83,7% Gran consumidor (GRACO) Desde 20.000 litros 1,34 euros/litro +83,7% El precio de 1,34 euros por litro es inicialmente referencial.
El Ministerio de Hidrocarburos deberá aprobar en un máximo de cinco días hábiles la metodología definitiva de cálculo y, posteriormente, el ente regulador tendrá que publicar periódicamente el valor correspondiente. El precio incorporará los costes de importación y los impuestos. Agroindustria, minería y otras empresas con elevados consumos de diésel estarán entre los sectores más expuestos al nuevo precio referencial El abastecimiento de combustible, detrás de la reforma La modificación se produce mientras persisten las colas para conseguir diésel en ciudades como La Paz, El Alto y Santa Cruz. El Gobierno presenta el nuevo modelo como una vía para reducir el coste fiscal de las importaciones, limitar los incentivos al contrabando y facilitar que nuevos operadores privados entren en la comercialización.
El problema tiene un componente estructural. Bolivia depende en gran medida de las compras exteriores de combustibles como consecuencia del descenso de su producción nacional de hidrocarburos. Esa dependencia obliga a destinar divisas a las importaciones y ha convertido el suministro de gasolina y, especialmente, de diésel en uno de los principales focos de tensión para la economía boliviana. YPFB calculó para julio una demanda nacional de aproximadamente 7,81 millones de litros diarios de diésel .
Con la incorporación de distintas rutas de importación desde Chile, Paraguay, Perú y Argentina, la petrolera llegó a proyectar entradas de hasta 10 millones de litros diarios , además de alrededor de 48 millones de litros almacenados o en proceso de descarga en Arica. YPFB afronta una transformación de su modelo El Ejecutivo quiere además modificar progresivamente el papel de YPFB . Aunque el Decreto Supremo 5676 continúa autorizando a la compañía estatal a vender diésel a clientes directos y grandes consumidores, la estrategia gubernamental apunta a aumentar la participación de empresas privadas en la importación y comercialización de carburantes. Bolivia ya había avanzado en esa dirección.
La normativa aprobada en 2024 y ampliada posteriormente permitió a personas naturales y empresas privadas importar diésel y gasolina para consumo propio o comercialización, y en julio de 2025 había al menos 22 operadores autorizados para importar y vender combustibles en el mercado interno. El nuevo modelo busca que la entrada de importadores privados aumente la oferta mientras YPFB reduce el peso financiero del suministro subvencionado El cambio plantea, sin embargo, un nuevo escenario para actividades intensivas en combustible. Agroindustria, minería, construcción e industria figuran entre los sectores que tradicionalmente requieren grandes volúmenes de diésel y que pueden quedar más expuestos a un precio vinculado al coste de importación. Al mismo tiempo, el Gobierno trata de preservar el precio regulado para el transporte y los consumidores de menor volumen para limitar el impacto directo sobre los hogares.
La combinación de la desaparición de la ANH , la reorganización de YPFB , el aumento del precio del diésel para grandes consumidores y la apertura a operadores privados configura una de las mayores reformas recientes del mercado energético boliviano. Su efecto dependerá ahora de si consigue aumentar la disponibilidad de combustible y reducir las largas esperas en las estaciones sin trasladar el mayor coste energético a los precios de la producción y el transporte.