Bloomberg — Los herederos del fallecido magnate latinoamericano Oswaldo Cisneros acusaron al gobierno venezolano de confiscar injustamente los derechos de perforación petrolera y de adjudicárselos a una empresa estadounidense. A DP Delta Finance BV se le “despojó” de sus activos y del control operativo mediante un proceso de “sanciones arbitrarias”, según afirmó en un comunicado la empresa dirigida por la viuda y los herederos de Cisneros. DP estima que se le adeudan US$2.000 millones. Los activos, que incluyen una participación en los derechos de perforación en la región del Cinturón del Orinoco, rica en petróleo, fueron revocados por el gobierno a principios de este año, según informó Bloomberg el mes pasado.
Desde entonces, el gobierno ha procedido a transferir los activos a Pacific Coast Energy Co. El Ministerio de Petróleo de Venezuela, conocido oficialmente como Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, “inició la revocación y es responsable de la confiscación”, escribió Juan Domingo Alfonso Paridisi, asesor jurídico de DP, en un comunicado aparte. DP exige la restitución de los activos. Ni el Ministerio del Petróleo ni Pacific Coast respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La reclamación por la incautación se produce en un momento en que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se encuentra bajo presión por parte de la administración Trump para que abra el sector energético del país a más empresas estadounidenses. Se espera que Venezuela firme nuevos contratos de perforación en las próximas semanas, tras reformar la legislación petrolera para hacerla más atractiva para los inversores extranjeros. Rodríguez sucedió al antiguo líder Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas militares estadounidenses en enero. La participación de DP en la empresa conjunta Petrodelta, junto con Petróleos de Venezuela S.A., le otorgaba derechos de perforación y explotación hasta el año 2042, según el comunicado con fecha del 15 de agosto.
El gobierno revocó dichos derechos tras determinar que la empresa conjunta no había cumplido con los planes de inversión y producción, según dos personas con conocimiento de la situación y documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg. DP también señaló que la empresa conjunta produjo 12 millones de barriles de crudo por valor de US$700 millones, al tiempo que prestó servicios por valor de US$100 millones “sin recibir ningún pago” hasta marzo. Lea más en Bloomberg.com