Arturo Aparicio "Que las denuncias hayan disminuido no quiere decir que, necesariamente, el delito de despojo haya registrado una caída, ya que las personas no acuden a las autoridades por falta de confianza", considera en entrevista con Sputnik Arturo Aparicio, abogado del Frente Antigentrificación, un colectivo ciudadano que lucha contra el desplazamiento de habitantes locales, el encarecimiento de la vivienda y la turistificación impulsada por la especulación inmobiliaria. "La gente va al Ministerio Público y no le quieren levantar la denuncia y los casos en los que [las personas] se enteran de que les han levantado denuncias, no están avanzando, entonces no insisten", señala el litigante. Rodolfo Uriel Ibarra Martínez En un diálogo con Sputnik, el integrante del Bufete Jurídico del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, Rodolfo Uriel Ibarra Martínez, distinguió que, mientras que el despojo es un crimen, el desalojo responde al cumplimiento de sentencias relacionadas con la terminación o la falta de pago de un contrato de arrendamiento, conclusión de préstamos o comodatos y hasta puede estar relacionado con hipotecas. "A pesar de que se haga uso de la fuerza pública, tendrá que haber proporción, si es que existen menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad (...) Si hay menores de edad, tiene que estar presente el DIF [Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia] en el momento del desalojo. Si hay personas mayores, tiene que haber una institución adecuada para el cumplimiento [de la orden]", destaca. María Silvia Emanuelli Sobre los desalojos, María Silvia Emanuelli, coordinadora regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), que aboga por el derecho a la vivienda y la justicia social, compartió en charla con este medio que, desde el Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), el número de desalojos se ha incrementado de forma significativa en la capital del país latinoamericano.
Entre 2018 y 2025, en promedio se realizaron 6,87 desalojos diarios dictados por una sentencia de jueces tras juicios civiles, arrendatarios y mercantiles, según datos del Poder Judicial de la Ciudad de México obtenidos por Sputnik a través de una solicitud de transparencia. "En ese momento, se identificó una serie de corruptelas que involucraron a actores de todo tipo, varios institucionales y, desde ese momento, empezamos un mapeo y una reconstrucción; solicitamos datos oficiales, pero no existe un mapa o un registro de desalojos", comparte Emanuelli. "Cuando llega la orden de desalojo, que fue el año pasado, llega de un juicio al que nunca fueron llamados [los inquilinos]. Y el desalojo no es por deber rentas, no es por invasión, no es por alguna cuestión civil o penal, sino porque el predio fue vendido a un tercero por una persona [a la] que no conocen los inquilinos, vendido a otra persona que tampoco conocen", expone Aparicio. "Pero, aun así, si hay inquilinos, se tiene que identificar y se les tiene que reconocer sus derechos como inquilinos, porque el Código Civil también señala que, aunque haya cambio de propietario, mientras existan inquilinos, el nuevo arrendador, que es el nuevo propietario, es al que le tienen que dar el pago de renta", agrega. "Hoy el dinero que mueven las inversiones en bienes raíces es mayor al del oro (...). Esto explica también por qué los precios de la vivienda y del suelo no están bajando conforme baja la demanda", sostiene la experta. "No solo es un tema de corrupción, es que también el diseño normativo está abierto para que este tipo de cosas sucedan", refiere el abogado del Frente Antigentrificación. "Si tú le preguntas a cualquier persona en la actualidad si le han respetado que el aumento de la renta sea solamente con base en la inflación, muy pocos te van a decir que sí, cuando ya está en la ley, en el Código Civil", destaca. Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
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