Bloomberg — Colombia ha declarado una emergencia económica de 30 días para hacer frente a las consecuencias de un devastador sismo, lo que añade nuevas presiones sobre el gasto en un momento en que el país se enfrenta a una de las perspectivas fiscales más frágiles de su historia. El decreto, firmado por todo el Consejo de Ministros a última hora del miércoles, otorga al presidente Abelardo de la Espriella la facultad temporal de promulgar normas económicas y fiscales sin la aprobación del Congreso. Esto amplía su capacidad para responder al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto, causando la muerte de al menos 314 personas, dejando 4.430 heridos y 262 desaparecidos. El estado de emergencia permite al gobierno llevar a cabo las operaciones presupuestarias y de crédito público necesarias para hacer frente a la crisis, entre las que se incluyen exenciones temporales en materia fiscal, aduanera y de divisas, la creación de fondos especiales, reasignaciones presupuestarias, una autorización más rápida de las operaciones de deuda pública y el uso de fondos procedentes de regalías, entre otras medidas.
Aunque el gobierno aún no dispone de una estimación precisa de los costos de reconstrucción, el decreto cita cálculos preliminares que indican unos daños económicos de al menos 30 billones de pesos (US$9.800 millones), lo que equivale al 1,5% del PIB. La catástrofe supone la primera gran prueba para De la Espriella, quien asumió el cargo hace menos de una semana con la promesa de reducir el gasto público en un 40% y sanear las maltrechas finanzas públicas de Colombia. La reconstrucción amenaza ahora con complicar esos planes casi de inmediato. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, prometió a los inversores que el gobierno llevaría a cabo los mayores recortes de gasto de la historia moderna.
Incluso tras el terremoto, comunicó a los legisladores que el gobierno no subiría los impuestos para hacer frente a las difíciles perspectivas fiscales. Gómez estima que el déficit presupuestario se situará este año cerca del 8% del producto interior bruto, frente al 5,1% previsto por el expresidente Gustavo Petro antes de dejar el cargo. Este déficit se encuentra entre los más elevados de la región y se produce en un momento en que gran parte del presupuesto de Colombia ya está destinado al servicio de la deuda, las pensiones y el gasto obligatorio por ley. El gobierno debe ahora financiar la ayuda de emergencia y la reconstrucción de hospitales, colegios y carreteras, después de que miles de viviendas y edificios resultaran dañados o quedaran completamente destruidos. “La emergencia económica supondrá un reto más en medio de la actual situación fiscal”, afirmó Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital. “Si el gobierno desea mantener su objetivo de transmitir un mensaje positivo” a los mercados, añadió, “tendrá que recortar significativamente el gasto público y lograr un equilibrio crucial”.
De la Espriella ya había heredado unas presiones de gasto cada vez mayores, entre ellas un sistema sanitario al borde del colapso y la necesidad de mitigar posibles cortes de suministro eléctrico provocados por El Niño, el fenómeno climático previsto para finales de este año. Las facultades de emergencia, así como cualquier decreto promulgado en virtud de las mismas, están sujetas a controles judiciales y políticos, incluida la revisión automática por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Los gobiernos colombianos ya han recurrido a este mecanismo tras catástrofes naturales en otras ocasiones. En 1999, el gobierno del presidente Andrés Pastrana invocó los poderes de emergencia para imponer impuestos y financiar la recuperación tras un terremoto que causó pérdidas equivalentes a alrededor del 2% del PIB, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Petro también intentó recurrir a los poderes de emergencia para imponer subidas de impuestos que el Congreso había bloqueado previamente, pero los tribunales anularon sus medidas. Lea más en Bloomberg.com