Alrededor de 170.100 salvadoreños mantienen actualmente la protección que les permite residir y trabajar legalmente en EEUU, después de haber construido durante más de dos décadas su vida laboral, familiar y económica en el país. El futuro del programa condiciona también a miles de hijos nacidos en territorio estadounidense que dependen de sus progenitores. La posible pérdida del TPS obligaría a miles de familias a elegir entre separarse o abandonar EEUU Una protección vigente desde los terremotos de 2001 El Estatus de Protección Temporal para El Salvador fue concedido en marzo de 2001 tras los terremotos que golpearon al país centroamericano. Para conservar el beneficio, los solicitantes deben acreditar residencia continua en EEUU desde el 13 de febrero de 2001 y presencia física continuada desde el 9 de marzo de aquel año.
La última extensión publicada mantuvo la designación durante 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026 . El programa protege temporalmente frente a la expulsión y permite solicitar una autorización de empleo , pero no concede por sí mismo la residencia permanente ni crea una vía automática hacia la ciudadanía. Los datos disponibles sitúan en 170.100 las personas con TPS salvadoreño aprobado en marzo de 2025. A ellas se suman aproximadamente 150.000 hijos que podrían quedar afectados por la pérdida de la protección de sus padres.
Indicador del TPS salvadoreño Dato disponible Beneficiarios con TPS aprobado 170.100 personas Niños y adolescentes potencialmente afectados 150.000 personas Residencia continua exigida en EEUU Desde el 13 de febrero de 2001 Fecha oficial de vigencia publicada 9 de septiembre de 2026 Posible prórroga prevista por la ley Seis meses Fecha resultante de esa posible prórroga 9 de marzo de 2027 La diferencia entre los beneficiarios y los menores afectados refleja la dimensión familiar del programa. Una misma familia puede incluir varios hijos estadounidenses, parejas con situaciones migratorias diferentes y personas con antiguas órdenes de expulsión suspendidas mientras conservaron el TPS. La mayoría de los menores afectados nació en EEUU y conserva una ciudadanía distinta a la de sus padres El impacto sobre los hijos ciudadanos estadounidenses La experta salvadoreña en migración y derechos humanos Celia Medrano calcula que cerca de 150.000 hijos de beneficiarios se verían directamente afectados si la protección termina. La mayoría habría nacido en EEUU y tendría ciudadanía estadounidense, pese a que sus padres continuarían siendo ciudadanos salvadoreños sujetos a la legislación migratoria.
El final del programa abriría así dos posibilidades especialmente difíciles. Los hijos podrían permanecer en EEUU separados de uno o ambos progenitores, bajo el cuidado de familiares o tutores, o trasladarse a El Salvador con sus padres, abandonando su entorno educativo, social y cultural. La ciudadanía de los hijos no regulariza automáticamente la situación de los padres. Aunque un ciudadano estadounidense mayor de 21 años puede presentar determinadas peticiones familiares, cada expediente depende de los antecedentes migratorios, la forma de entrada en el país y la existencia de órdenes previas de expulsión.
Medrano sostiene que cerca de la mitad de los beneficiarios salvadoreños podría encontrar obstáculos para acceder a otras vías de regularización debido a órdenes de deportación que quedaron suspendidas al recibir el TPS. Si la protección desaparece, algunas de esas resoluciones podrían volver a ser ejecutables. El arraigo laboral y familiar acumulado durante más de dos décadas dificultaría una reintegración rápida en El Salvador Empleo, vivienda y más de dos décadas de arraigo Los salvadoreños protegidos por este programa presentan un perfil muy diferente al de una población recién llegada. La mayoría reside en EEUU desde antes de febrero de 2001, domina o utiliza habitualmente el inglés, trabaja, paga impuestos y ha formado un núcleo familiar estable.
Según el perfil descrito por Medrano, muchos beneficiarios cuentan con vivienda propia o pagan una hipoteca, disponen de vehículo y obtienen ingresos anuales equivalentes a entre 34.700 y 43.300 euros , calculados con el tipo de cambio de referencia del 11 de agosto de 2026. Ese arraigo laboral y económico dificultaría una eventual reintegración en El Salvador. Parte de los afectados salió del país siendo joven, lleva alrededor de 25 años sin desarrollar allí una carrera profesional y tiene a su familia más cercana, sus propiedades y sus obligaciones financieras en EEUU. Un retorno forzado también obligaría a las autoridades salvadoreñas a preparar programas de recepción, empleo, vivienda y atención social.
Medrano advierte de que los deportados regresarían a una economía con elevados niveles de informalidad y con una capacidad limitada para absorber en poco tiempo a decenas de miles de trabajadores y familias. La falta de una decisión oficial dentro del plazo legal abre una disputa sobre la prórroga automática del programa La prórroga automática que complica la cuenta atrás La fecha del 9 de septiembre no es el único elemento del calendario. La legislación estadounidense obliga al Departamento de Seguridad Nacional a revisar cada designación del TPS al menos 60 días antes de su vencimiento y a decidir si las condiciones que justificaron el programa continúan vigentes. La sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que, si las autoridades no determinan que el país ha dejado de cumplir esas condiciones, la designación debe ampliarse durante otros seis meses, aunque el Gobierno puede optar por periodos de 12 o 18 meses.
El plazo de 60 días terminó el 11 de julio de 2026 sin que se hiciera pública una resolución definitiva. Abogados y especialistas migratorios interpretan que esta ausencia debería activar una prórroga automática hasta el 9 de marzo de 2027. Sin embargo, la página oficial de inmigración continúa mostrando el 9 de septiembre de 2026 como fecha vigente y todavía no ha formalizado esa ampliación. La incertidumbre se produce, además, en un contexto en el que la Administración de Donald Trump ha promovido la terminación de buena parte de las designaciones del TPS heredadas de gobiernos anteriores.
El Salvador conserva una de las protecciones más antiguas y numerosas que permanecen activas. Hasta que el Gobierno de EEUU publique una decisión formal, las familias salvadoreñas afrontan dos fechas paralelas: el vencimiento oficial del 9 de septiembre y la posible extensión legal hasta marzo de 2027. De esa resolución dependerán la continuidad laboral de unos 170.100 adultos y la estabilidad familiar de aproximadamente 150.000 niños y adolescentes.