El sistema chileno de colaboración público-privada , uno de los más consolidados de América Latina tras más de tres décadas de funcionamiento, se enfrenta a un debate sobre la previsibilidad de las adjudicaciones después de que el Ejecutivo cambiara el mecanismo de financiación de dos grandes proyectos de transporte en la Región del Biobío. La controversia no implica, por el momento, la cancelación de las obras: el Ministerio de Obras Públicas asegura que se ejecutarán mediante inversión pública y que conservarán tanto el diseño como los plazos previstos. El debate supera los proyectos del Biobío y alcanza a la confianza del capital privado en futuras infraestructuras chilenas Una decisión de 346 millones de euros abre el debate El origen de la controversia está en los corredores de transporte público de las Rutas 150 y 160 y la Autopista Concepción-Talcahuano , cuya inversión conjunta ronda los 400 millones de dólares, equivalentes a unos 346 millones de euros utilizando como referencia el cambio del Banco Central Europeo del 18 de agosto. El BCE situó entonces el cambio en 1,1576 dólares por euro.
Los procedimientos de licitación habían avanzado hasta sus últimas etapas cuando Hacienda planteó que los compromisos fiscales asociados no podían ser absorbidos en las actuales condiciones presupuestarias. El Ejecutivo decidió entonces abandonar el esquema concesional previsto y recurrir a financiación pública directa. El Gobierno, sin embargo, sostiene que la modificación no paralizará las actuaciones. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, aseguró el 6 de agosto que el diseño y los beneficios sociales se mantienen, así como el calendario que prevé comenzar las obras después de los estudios de ingeniería de 2027 y 2028 y abrirlas al tráfico a finales de 2031.
El Ejecutivo estima además un máximo cercano a 7.000 trabajadores durante la construcción. Proyecto o cartera Importe aproximado en euros Situación Corredores del Gran Concepción 346 millones Cambia de concesión a financiación pública Cartera 2026-2027 analizada por el Instituto 6.925 millones 22 procesos previstos Proyectos ya adjudicados pendientes de iniciar, según el informe Más de 8.639 millones Más de 20 iniciativas Actividad económica vinculada a la cartera, según la estimación 10.387 millones Calculada con un multiplicador de 1,5 El Instituto calcula unos 95.000 empleos ligados a la inversión cuya ejecución considera ahora sometida a mayor incertidumbre El precedente preocupa más que las obras suspendidas El Instituto Coordenadas sostiene que el principal riesgo no reside en los aproximadamente 346 millones de euros de los corredores del Biobío, sino en el precedente que puede crear una revisión de las condiciones cuando los procedimientos de adjudicación ya están muy avanzados. El informe cifra en más de una veintena las iniciativas adjudicadas que todavía no han comenzado las obras, con inversiones superiores a 8.639 millones de euros , y sitúa en 6.925 millones de euros el valor de los 22 procesos que formarían parte de la cartera de licitaciones para 2026 y 2027. La dimensión del sistema queda reflejada también en las cifras oficiales.
La Dirección General de Concesiones comunicó en abril que Chile contaba con 81 contratos vigentes y una inversión comprometida de 29.615 millones de dólares, alrededor de 25.583 millones de euros al cambio de referencia utilizado. El propio Ministerio ha defendido que el sistema de concesiones ha sido determinante para el desarrollo de la infraestructura pública chilena. El modelo nació hace más de tres décadas y tuvo uno de sus primeros grandes hitos con la adjudicación del Túnel El Melón en 1993 . Desde entonces, las asociaciones entre Estado y empresas privadas se han extendido a autopistas, aeropuertos, hospitales, cárceles, embalses y otras infraestructuras.
La continuidad institucional de las concesiones durante tres décadas ha sido uno de los activos utilizados por Chile para atraer inversión El empleo agranda la dimensión económica del conflicto El Instituto Coordenadas estima que la cartera afectada puede representar alrededor de 95.000 empleos . El cálculo es coherente con la ratio utilizada por el propio Gobierno chileno en su plan de infraestructuras: una inversión anual de 3.700 millones de dólares, unos 3.196 millones de euros , se asocia a aproximadamente 44.000 puestos de trabajo . Aplicada a una cartera de 8.016 millones de dólares, esa proporción arroja algo más de 95.000 empleos. A ello se suma el impacto sobre la actividad.
La Cámara Chilena de la Construcción ha señalado que cada unidad monetaria invertida en infraestructura puede generar un efecto económico equivalente a 1,5 veces la inversión inicial. Con ese multiplicador, los proyectos analizados representarían unos 10.387 millones de euros de actividad económica . La controversia coincide precisamente con la estrategia del Ejecutivo para acelerar la inversión. El Gobierno anunció el 28 de julio un plan de infraestructuras que proyecta más de 246.000 empleos durante el actual mandato.
Solo el Ministerio de Obras Públicas prevé inversiones cercanas a 12.958 millones de euros , con unos 180.000 empleos asociados. Indicador Magnitud Plan público de infraestructuras del Gobierno Más de 246.000 empleos Inversión prevista por Obras Públicas 12.958 millones de euros Empleo asociado a Obras Públicas Alrededor de 180.000 puestos Inversión pública prevista para 2026 3.196 millones de euros Empleo anual asociado a esa inversión Aproximadamente 44.000 puestos La presión para movilizar capital aumenta porque Chile afronta una brecha de infraestructuras superior a 218.000 millones de euros hasta 2035 Chile necesita más inversión, no menos La discusión cobra mayor relevancia por las necesidades de inversión que afronta el país. Un informe de la Cámara Chilena de la Construcción estima en 252.589 millones de dólares, alrededor de 218.201 millones de euros , los recursos necesarios entre 2026 y 2035 para reducir las principales brechas en transporte, energía, agua, conectividad digital, sanidad, educación e infraestructuras penitenciarias. Esa cifra equivale aproximadamente al 7,3% del PIB anual durante la próxima década.
En este escenario, el Instituto Coordenadas reclama que Chile preserve la seguridad jurídica que ha caracterizado históricamente al modelo y pide restablecer las adjudicaciones, publicar un calendario claro para la cartera pendiente y reforzar normativamente el principio de ejecución de los proyectos ya adjudicados. La preocupación por el precedente no se limita al Instituto. El Consejo de Políticas de Infraestructura también ha advertido del riesgo de alterar proyectos cuando se encuentran próximos a la adjudicación y ha cuestionado que el cambio a financiación pública alivie realmente la presión fiscal. Al mismo tiempo, la posición del Gobierno introduce un elemento relevante en el debate: las obras del Biobío no han sido abandonadas.
El Ejecutivo sostiene que la financiación directa permitirá mantener sus características, calendario y generación de empleo, por lo que la cuestión que queda abierta no es tanto el futuro inmediato de esos corredores como el efecto que el cambio de criterio pueda provocar sobre las próximas concesiones en Chile y sobre las condiciones exigidas por los inversores para participar en ellas.