Bloomberg Línea — Miles de migrantes de Latinoamérica y el Caribe han perdido o están a punto de perder la protección migratoria que durante años les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, como parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS). Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela están entre los países cuyos ciudadanos han sido afectados por la decisión. El proceso cobró impulso después de que la Corte Suprema limitara en junio la posibilidad de que los tribunales federales revisaran las decisiones del Gobierno para terminar el TPS. Con ello, más de un millón de personas de 13 nacionalidades han quedado expuestas a perder su estatus migratorio, según un conteo de Pew Research.
Esta semana, un juez federal permitió al Gobierno terminar el TPS para unos 5.000 ciudadanos de Etiopía, que recibieron la protección en 2022, durante la presidencia de Joe Biden, debido al conflicto armado en la región de Tigray. Los beneficiarios tendrán ahora 60 días para abandonar EE.UU. o quedar expuestos a procesos de deportación, salvo que dispongan de otra vía legal para permanecer. El TPS fue creado como parte de la Ley de Inmigración de 1990, promulgada el 29 de noviembre de ese año por el presidente George H. W.
Bush, para proteger temporalmente a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan un retorno seguro. El efecto en Latinoamérica Aunque no ofrece un camino automático hacia la residencia o la ciudadanía, permite a sus beneficiarios permanecer legalmente en el país y obtener autorización para trabajar. Para los gobiernos de América Latina y el Caribe el impacto ya empieza a sentirse. En Honduras, el presidente de la República, Nasry “Tito” Asfura, pidió al Gobierno de Trump analizar caso por caso la situación de los hondureños amparados por TPS.
El Gobierno hondureño también prepara una estrategia para quienes eventualmente regresen. La Cancillería ha articulado acciones mediante el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante para facilitar una reintegración que, según ha señalado, debe ser digna y protegida. El impacto económico es otro de los puntos. Las remesas son una de las principales fuentes de divisas de Honduras, pero la canciller hondureña, Mireya Agüero, dijo que la terminación del programa no provocará por sí misma una caída inmediata de esos ingresos, precisamente porque la pérdida de la protección migratoria no implica que los beneficiarios regresen de inmediato al país.
Honduras obtuvo el TPS en 1999, después de que el huracán Mitch devastara Centroamérica un año antes. Desde entonces, unos 55.000 hondureños han desarrollado su vida en EE.UU. bajo este mecanismo que les permitió trabajar legalmente sin concederles una vía automática hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Haití representa uno de los casos de mayor impacto. Unos 330.000 haitianos estaban protegidos por el TPS antes de su terminación en julio.
De ellos, unos 21.000 trabajaban como cuidadores y auxiliares de enfermería, atendiendo a unos 77.000 pacientes, según un análisis de datos del censo estadounidense citado por Reuters. La pérdida de esos trabajadores ya está teniendo consecuencias en servicios esenciales. En Nueva York, una organización que atiende a personas con discapacidad despidió a casi dos docenas de trabajadores haitianos después de que perdieran su autorización laboral, mientras organizaciones sanitarias de ese estado y Florida han advertido sobre una mayor presión en un sector que ya enfrenta escasez de personal. El Salvador, por su parte, enfrenta la próxima fecha clave: el TPS para sus ciudadanos terminará el 9 de septiembre, poniendo en riesgo a unos 170.000 beneficiarios.
La decisión de finalizar este programa ha generado preocupación entre autoridades y organizaciones que advierten sobre sus efectos económicos y sociales. El congresista demócrata Jesús ‘Chuy’ García calificó la terminación del TPS como una “catástrofe moral y económica” y afirmó que los beneficiarios del programa aportan unos US$29.000 millones anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de US$8.000 millones en impuestos federales, estatales, locales y sobre la nómina. La administración Trump sostiene una posición opuesta. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó este miércoles en una publicación en redes sociales que el TPS fue utilizado durante décadas como un programa de “amnistía de facto” y aseguró que las terminaciones que ya entraron en vigor deben ser aplicadas. “Todos los TPS terminados están ahora en efecto”, afirmó el DHS en el mensaje, en el que sostuvo que quienes perdieron la protección se encuentran ahora ilegalmente en Estados Unidos y deben abandonar el país o enfrentar la deportación.