Bloomberg — La administración Trump tomó medidas con el fin de limitar todavía más el acceso de los inmigrantes a la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales destinados a ayudar a estudiantes, trabajadores y familias. De acuerdo con las normas propuestas anunciadas este miércoles, solo los ciudadanos y determinados extranjeros, entre los que se incluyen los residentes permanentes legales, los beneficiarios de asilo y los refugiados, podrían solicitar la parte reembolsable de los créditos fiscales disponibles para niños, estudiantes, padres adoptivos y trabajadores con ingresos bajos o medios. “Bajo el mandato del presidente Trump, se han acabado los días en que los inmigrantes en situación irregular percibían prestaciones financiadas por los contribuyentes. La ley federal es clara, y el Departamento del Tesoro la está haciendo cumplir”, declaró su secretario, Scott Bessent, en un comunicado. Las restricciones propuestas afectarían no solo a los inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal, sino también a algunos inmigrantes con autorización legal para trabajar en los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro ha estimado que la propuesta supondría un ahorro de entre US$700 millones y US$2.600 millones al año. Las cuatro créditos afectados ya exigen a los contribuyentes que faciliten números de la Seguridad Social, ya sean los suyos o los de sus hijos, para poder acogerse a las desgravaciones fiscales, lo que limita el acceso a los ciudadanos y a quienes están autorizados a trabajar en EE.UU. Brandon DeBot, director de políticas del Centro de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, criticó la propuesta, afirmando que impediría el acceso a personas que se encuentran legalmente en el país. “La administración está intentando pasar por alto tanto las normas claras que el Congreso ha establecido para la elegibilidad de los créditos fiscales como décadas de práctica administrativa mediante una reinterpretación novedosa e incorrecta de una ley de 1996″, afirmó en un comunicado. “Esto privaría indebidamente de créditos fiscales a cientos de miles de contribuyentes, incluidas personas que residen legalmente en Estados Unidos, como aquellas acogidas al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y familias con hijos que son ciudadanos estadounidenses”. Ver más: Trump ordena revisar reglas bancarias para inmigrantes indocumentados en EE.UU.
El medio millón aproximado de inmigrantes que llegaron a EE.UU. de forma ilegal cuando eran niños y que están protegidos contra la deportación en virtud del programa DACA se encuentran entre las personas que probablemente se verán afectadas por la propuesta. Las personas inscritas en el programa tienen derecho a trabajar en los Estados Unidos y a recibir un número de la Seguridad Social, pero no podrían optar a los créditos fiscales en virtud de una ley de 1996 más restrictiva que limita el acceso a las prestaciones públicas. El Departamento del Tesoro se basa en una nueva interpretación de la ley presupuestaria de 1996 emitida por el Departamento de Justicia (DOJ) en 2025, que redefine la parte reembolsable de los créditos fiscales, la cantidad a disposición de los contribuyentes, incluso si supera el importe que pagan en impuestos, como una prestación pública. La nueva orientación del DOJ es actualmente objeto de litigio.
Ver más: Políticas de inmigración de EE.UU. golpean acciones de la mexicana Chedraui Otros colectivos que podrían verse privados del acceso a los créditos fiscales en virtud de la propuesta son las personas con visados de trabajo temporales, los estudiantes extranjeros con permiso para trabajar en Estados Unidos y las personas con estatus de protección temporal. La propuesta se aplicaría únicamente a la parte reembolsable del crédito fiscal por hijos, al que tienen derecho las familias con hijos; al crédito fiscal por ingresos del trabajo, al que tienen derecho los trabajadores con rentas bajas y medias; al crédito fiscal por adopción; y al crédito fiscal American Opportunity, al que tienen derecho los estudiantes matriculados en la educación superior o sus padres. Los inmigrantes podrían seguir solicitando dichos créditos fiscales si estos se compensan íntegramente con su deuda tributaria. La amplia ley fiscal de los republicanos promulgada el año pasado ya endureció los requisitos relativos al número de la Seguridad Social para varios de los créditos fiscales incluidos en la propuesta del Tesoro.
La ley añadió el requisito de que los padres faciliten sus números de la Seguridad Social para solicitar el crédito fiscal por hijos y el crédito fiscal American Opportunity. Anteriormente, solo se exigía el número de la Seguridad Social del menor. Lea más en Bloomberg.com