CK Hutchison reclama a Panamá 1.285 millones de euros por los puertos del Canal

CK Hutchison reclama a Panamá 1.285 millones de euros por los puertos del Canal

La disputa eleva un nuevo escalón la batalla jurídica que mantienen el conglomerado hongkonés y el Estado panameño desde que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma que sustentaba la concesión de las dos terminales. Este nuevo procedimiento es independiente del arbitraje contractual que ya mantiene Panama Ports Company (PPC) , filial de CK Hutchison, contra Panamá. CK Hutchison abre un segundo frente arbitral contra Panamá tras perder la concesión portuaria que mantenía desde 1997 CK Hutchison reclama daños por sus inversiones La compañía sostiene que una serie de actuaciones del Estado panameño entre 2025 y 2026 acabaron provocando la destrucción de la concesión portuaria y la toma de las terminales de Balboa y Cristóbal . El nuevo procedimiento se basa en los derechos de CK Hutchison bajo un tratado internacional de protección de inversiones y no en los derechos contractuales ejercidos por su filial.

Según el grupo, los intentos de alcanzar una solución negociada antes de acudir al arbitraje no prosperaron. CK Hutchison mantiene que el Gobierno panameño modificó la posición jurídica que había sostenido durante décadas sobre la concesión y actuó posteriormente para sustituir a Panama Ports Company como operador. La reclamación anunciada ahora supera los 1.285 millones de euros , mientras que PPC mantiene un procedimiento diferente en el que los daños reclamados fueron elevados en marzo a más de 1.713 millones de euros , al cambio de referencia empleado para las cantidades anunciadas por el grupo. La propia compañía recalca que se trata de dos acciones distintas, una sustentada en un tratado de inversiones y otra en el contrato de concesión.

Procedimiento Demandante Fundamento principal Indemnización reclamada Arbitraje de inversión CK Hutchison Protección internacional de las inversiones Más de 1.285 millones de euros Arbitraje contractual Panama Ports Company Contrato de concesión de Balboa y Cristóbal Más de 1.713 millones de euros Las cifras corresponden a procedimientos independientes y no implican que ambas cantidades puedan sumarse automáticamente como una única indemnización, ya que cada tribunal deberá determinar el alcance de los derechos y posibles daños reclamables. Panama Ports Company mantiene en paralelo su propio arbitraje contractual y reclama una indemnización superior a 1.713 millones de euros Una concesión portuaria que comenzó en 1997 Panama Ports Company operaba las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997 . En 2021, la concesión había sido renovada por otros 25 años, pero el conflicto dio un giro definitivo a comienzos de 2026. La Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió el 29 de enero que la Ley número 5 de 16 de enero de 1997, que había aprobado el contrato con PPC, era inconstitucional.

El fallo también afectó a sus adendas y a la prórroga de la concesión. La resolución fue publicada oficialmente el 23 de febrero de 2026 . Ese mismo día, el Ejecutivo panameño dictó medidas para ocupar las terminales. Representantes del Estado accedieron a los puertos y asumieron su control administrativo y operativo, mientras PPC cesó sus operaciones.

CK Hutchison sostiene que también se tomaron propiedades, equipos, información, tecnología y otros activos de la filial sin compensación. El grupo ha defendido desde entonces que la actuación estatal vulneró el marco jurídico que había regido las inversiones durante casi tres décadas y ha recurrido a distintas vías nacionales e internacionales para proteger sus intereses. La Corte Suprema declaró inconstitucional en enero la ley que sustentaba una concesión renovada en 2021 durante otros 25 años Panamá defiende el fallo de su Corte Suprema El Gobierno panameño mantiene una interpretación completamente distinta. La Autoridad Marítima de Panamá ha defendido que la actuación del Estado responde al cumplimiento obligatorio de una sentencia de la Corte Suprema y ha rechazado las acusaciones formuladas por PPC y CK Hutchison sobre la legalidad de la transición.

El presidente panameño, José Raúl Mulino , ya había reivindicado en febrero la independencia del poder judicial y defendido que Panamá es un Estado de derecho obligado a respetar las decisiones de sus tribunales. CK Hutchison, por el contrario, considera que las medidas adoptadas han deteriorado la seguridad jurídica de sus inversiones en Panamá . La empresa afirma que mantendrá abiertas todas las vías de recurso disponibles y que continuará buscando una solución al conflicto mientras avanzan los procedimientos arbitrales. La batalla se desarrolla además en un escenario de fuerte relevancia geopolítica.

Los dos puertos se encuentran en los extremos del Canal de Panamá y quedaron en el centro de las tensiones entre EEUU y China después de que Donald Trump cuestionara la presencia de intereses chinos en infraestructuras próximas a esta estratégica ruta comercial. El Canal, sin embargo, pertenece a Panamá y está administrado por las autoridades panameñas. La disputa por Balboa y Cristóbal se ha convertido también en una pieza de la creciente rivalidad económica entre EEUU y China La crisis portuaria también ha complicado los planes de CK Hutchison para desprenderse de buena parte de su negocio internacional de puertos mediante una operación con un consorcio en el que participa BlackRock . El futuro de las terminales panameñas ha quedado condicionado por el litigio y por las tensiones internacionales surgidas alrededor de la transacción.

El grupo cuenta, además, con otro procedimiento abierto por PPC contra Maersk , iniciado después de la toma de las instalaciones portuarias. La filial sostiene que la compañía danesa incumplió acuerdos comerciales relacionados con las terminales, mientras Maersk ha rechazado tener responsabilidad en las reclamaciones formuladas. La resolución de los arbitrajes determinará ahora si Panamá debe compensar a CK Hutchison y a su filial por la pérdida de sus inversiones y derechos contractuales. Mientras tanto, las terminales de Balboa y Cristóbal siguen operando fuera del control del grupo que las gestionó durante cerca de tres décadas.