La decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de establecer un precio diferenciado para el combustible ha abierto un nuevo frente con el sector agropecuario , que ya venía denunciando problemas de abastecimiento. La norma fija inicialmente el litro de diésel en 18 bolivianos, unos 1,33 euros al cambio actual, para usuarios directos y grandes consumidores, frente a los 9,80 bolivianos, unos 0,73 euros, del precio regulado que continúa vigente para transportistas y particulares. Los productores temen que el encarecimiento del combustible termine trasladándose desde las explotaciones agrícolas hasta el precio de los alimentos Los productores exigen retirar el Decreto Supremo 5.676 El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) , Klaus Frerking, ha reclamado la abrogación de la norma y ha advertido de que el problema llega cuando las explotaciones continúan afrontando dificultades para acceder al combustible. “En este momento estamos desabastecidos de diésel, las colas continúan, no hay una solución de fondo y este decreto tiene que ser abrogado por el bien de todos los bolivianos”, ha señalado el dirigente empresarial. El cambio aprobado por el Ejecutivo supone una subida del 83,7% respecto al precio regulado anterior para los consumidores afectados por el nuevo esquema.
Precio del diésel Bolivianos por litro Equivalente aproximado en euros Variación Precio regulado 9,80 0,73 euros — Nuevo precio referencial 18,00 1,33 euros +83,7% El Ejecutivo argumenta que el sistema pretende reducir la carga fiscal derivada de las importaciones de combustible, acercar el precio pagado por los grandes consumidores a las referencias internacionales y combatir el desvío de carburante subvencionado hacia la reventa y el contrabando. Frerking considera, sin embargo, que la medida establece un tratamiento desigual para el campo y cuestiona que se haya aprobado sin un acuerdo previo con el aparato productivo. El responsable de la CAO recuerda además el impacto que tuvieron sobre la actividad agropecuaria los 53 días de paros y bloqueos registrados en mayo. El nuevo sistema mantiene el precio regulado para particulares y transportistas, pero encarece el combustible utilizado directamente por numerosas explotaciones y empresas El nuevo precio alcanza a consumidores desde 120 litros al mes El alcance del Decreto Supremo 5.676 va más allá de los consumidores situados exclusivamente en la categoría de grandes compradores.
Las clasificaciones difundidas tras la aprobación de la norma incluyen a usuarios directos desde consumos mensuales de 120 litros, además de clientes directos y grandes consumidores. Categoría Consumo mensual de diésel Usuarios directos De 120 a 5.000 litros Clientes directos De 5.000 a 19.999 litros Grandes consumidores (Graco) Más de 20.000 litros Esta estructura explica buena parte de la preocupación del sector agropecuario , ya que el combustible es utilizado directamente en tractores, cosechadoras, sistemas de riego, maquinaria y otras tareas esenciales antes de que los alimentos lleguen a las redes de distribución. La CAO calcula que las actividades agropecuarias consumen entre 360 y 380 millones de litros de diésel al año , alrededor del 16% de todo el combustible de este tipo utilizado en Bolivia. El sector también reivindica su peso económico y laboral.
Según la propia organización empresarial, el agro y las actividades relacionadas generan aproximadamente 1,6 millones de empleos en el conjunto del país. La disputa por el precio se suma a una crisis de suministro que el campo arrastra desde antes de la aprobación del nuevo esquema de combustibles El desabastecimiento mantiene la presión sobre el campo La subida llega en un momento especialmente delicado para los productores. La CAO ya había denunciado durante julio problemas persistentes de suministro y llegó a cifrar en unos 500.000 litros diarios el déficit de entregas de diésel comprometidas para Santa Cruz, una de las principales zonas agrícolas del país. Antes incluso de la aprobación del decreto, Frerking había advertido de que la continuidad de la escasez podía repercutir en la canasta familiar , debido a que la falta de combustible dificulta la siembra, la cosecha, el traslado de materias primas y la distribución posterior de alimentos.
El rechazo tampoco se limita al campo. Organizaciones mineras han cuestionado igualmente el nuevo precio y algunos productores han protagonizado movilizaciones contra el decreto, mientras el Gobierno defiende que la diferenciación permitirá reducir la especulación y mejorar el abastecimiento. La evolución de la crisis dependerá ahora tanto de la capacidad del Ejecutivo para normalizar la llegada de diésel a los centros productivos como de la respuesta que dé a las reclamaciones para revisar el decreto. Para los agricultores, el principal riesgo es que el incremento del coste de un insumo imprescindible termine recorriendo toda la cadena de producción y llegue finalmente al precio que pagan las familias por los alimentos.