Seguir a FinanzasDigital en Google La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada a finales de enero, marca un giro en la política energética del Estado al priorizar los Contratos de Participación Productiva (CPP) por encima de la creación de nuevas empresas mixtas. Sin embargo, la falta de claridad tributaria y los choques de jurisdicción mantienen un clima de incertidumbre que reduce el atractivo de Venezuela frente a otros mercados de la región, según advirtió el abogado especialista en derecho de hidrocarburos José Ignacio Hernández. De acuerdo con Hernández, la reforma orienta su principal interés hacia contratos directos con filiales estatales, especialmente Pdvsa Petróleo, para ejecutar actividades primarias. Esta preferencia responde a una realidad financiera: en las empresas mixtas, Pdvsa debe mantener la mayoría accionaria, lo que implica aportes de capital que hoy no puede asumir.
La estrategia apunta a trasladar la operación de campos propios de Pdvsa hacia la inversión privada, de modo que sean las empresas particulares quienes cubran la totalidad de los costos. El caso de Hunt Oil , que asumirá operaciones de crudo convencional y gas en Monagas, representa el primer contrato bajo esta modalidad con una empresa nueva. Más leídas Tasa de Cambio BCV 21 de agosto de 2026: 779,9522 Bs/USD (+0,3262%) Mayores ingresos petroleros no evitaron un deterioro macroeconómico en el primer semestre La inflación no baja porque el déficit se financia con emisión monetaria Choque entre OFAC y la legislación venezolana Uno de los principales obstáculos para la llegada de capitales es el conflicto entre normativas internacionales y nacionales. Hernández explicó que licencias emitidas por la OFAC, como la 52A, obligan a incluir cláusulas que someten los aspectos contractuales al derecho de Estados Unidos.
Pero desde 1920, el principio en Venezuela ha sido que estos acuerdos se rijan por el derecho nacional, y ni la reforma ni su reglamento permiten expresamente la aplicación de leyes extranjeras. Ante esta disyuntiva, cualquier inversionista estadounidense optará por cumplir con la OFAC antes que con la legislación venezolana, lo que genera un problema de derecho público que, según Hernández, debe abordarse con transparencia y madurez institucional para garantizar seguridad jurídica. El especialista añadió que “el reglamento aprobado el pasado 7 de julio no refleja el espíritu de apertura de la ley, ya que impone un mecanismo de control excesivamente centralizado”, lo que podría limitar la efectividad de los CPP como herramienta para atraer inversión. Con información de Fedecámaras Radio