Seguir a FinanzasDigital en Google UBS, el banco suizo de servicios financieros, examinó la información divulgada públicamente por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela sobre el acuerdo petrolero, advirtiendo que su ejecución enfrenta riesgos legales, políticos y financieros que podrían limitar la llegada de inversión extranjera y el aumento de la producción. El equipo liderado por Alejo Czerwonko, director de Inversiones para Mercados Emergentes de UBS Financial Services, señaló que aún faltan elementos esenciales para evaluar la sostenibilidad del pacto: ninguno de los dos gobiernos ha publicado un decreto, licencia o contrato que respalde los términos divulgados. La advertencia cobra relevancia por la magnitud del anuncio. El presidente Donald Trump afirmó que EE.UU. obtendría control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el acuerdo abarcaría 17 campos estratégicos durante 25 años.
Para UBS, se trata de “un anuncio extraordinario, cargado de riesgos de ejecución”, que requiere claridad jurídica y operativa para traducirse en capital y mayor extracción de crudo. Más leídas Gobierno y sector privado coordinan distribución de carne de cerdo para fin de año Cavecom‑e advierte que 3,5 millones de comercios digitales informales deben migrar al sector formal Consecomercio proyecta crecimiento de 5% en 2026 pese a fallas de servicios Legitimidad, soberanía y ausencia de mecanismos de aprobación UBS plantea como primera incógnita la validez legal de los compromisos asumidos por Rodríguez. Su condición de presidenta interina abre dudas sobre la capacidad de vincular jurídicamente a futuras administraciones mediante acuerdos de largo plazo que comprometen reservas estratégicas. El banco menciona además la ausencia de un proceso de licitación transparente, de salvaguardas de cumplimiento y de una aprobación formal de la Asamblea Nacional, requisitos habituales en contratos de explotación petrolera de gran escala.
A esto se suman posibles cuestionamientos de soberanía, ante la participación directa del gobierno estadounidense en la asociación. La Constitución venezolana establece en su artículo 12 que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables. El artículo 302 reserva la actividad petrolera al Estado, lo que históricamente ha limitado la cesión de control operativo o comercial a actores extranjeros. UBS concluye que, sin instrumentos formales que definan los alcances del pacto, la materialización del acuerdo enfrenta obstáculos que podrían retrasar o incluso impedir la llegada de capital y la expansión de la producción.
El banco advierte que la industria venezolana requiere reglas previsibles, seguridad jurídica y mecanismos de supervisión para atraer inversión en un contexto de alta incertidumbre política. Con información de Bloomberg en Línea