El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al Ejército Nacional abstenerse de bombardear objetivos de grupos armados ilegales si existen reportes o indicios sobre la presencia de menores de edad en el área. Esta resolución responde a una acción de tutela interpuesta para proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en esa región del centro-sur del país. El dictamen provisional se suma a una medida cautelar emitida el pasado jueves por un juzgado de Bogotá, la cual fijó la misma restricción para las Fuerzas Armadas a nivel nacional ante la evidencia de menores en los campamentos insurgentes. Ambas decisiones judiciales se hicieron públicas una semana después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que tres de los 10 fallecidos en un bombardeo del Ejército contra disidencias de las FARC, realizado el pasado 27 de agosto en el municipio de El Retorno (Guaviare), eran menores de edad de 15 y 16 años.
Frente a estos hechos, el juzgado del Guaviare otorgó un plazo de 48 horas al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que entreguen un informe detallado sobre los protocolos y mecanismos vigentes para la identificación de menores en zonas de conflicto. Asimismo, la orden judicial exige validar formalmente los datos de inteligencia militar sobre el reclutamiento de menores antes de autorizar cualquier ataque, analizar los impactos para la población civil previa ejecución de bombardeos u operaciones aéreas y aplicar un enfoque diferencial de protección de la niñez durante la planeación y ejecución de las misiones. Tomado de tele Sur