El Gobierno de Javier Milei ha completado la implantación del nuevo Régimen Penal Juvenil con la publicación este lunes del Decreto 875/2026, que reglamenta la Ley 27.801 y designa al Ministerio de Justicia como autoridad encargada de coordinar su aplicación en el ámbito nacional y federal. La ley había sido aprobada por el Congreso el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y entró en vigor el pasado 5 de septiembre, 180 días después de su publicación. La reforma supone uno de los mayores cambios en décadas en la legislación penal para adolescentes en Argentina. Sustituye a la Ley 22.278, vigente desde 1980, que establecía que los menores de 16 años no eran punibles, y extiende ahora la responsabilidad penal a los adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18.
La nueva legislación reduce de 16 a 14 años la edad mínima desde la que un adolescente puede responder penalmente Penas de hasta 15 años y alternativas al encarcelamiento El nuevo sistema no contempla únicamente penas privativas de libertad. La Ley 27.801 incorpora un catálogo de sanciones alternativas que incluye amonestaciones, prohibiciones de acercamiento a las víctimas, restricciones para conducir vehículos o acudir a determinados lugares, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y la reparación integral del daño causado. Cuando el delito tenga prevista una pena de hasta tres años de prisión y se cumplan las condiciones establecidas en la legislación penal, la cárcel deberá ser sustituida por alguna de estas medidas. Para delitos con penas superiores a tres años y de hasta diez años también podrá evitarse la privación de libertad en determinados supuestos, siempre que no exista muerte de la víctima, violencia física o psíquica grave u otras circunstancias previstas en la ley.
La privación de libertad podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un centro especializado de detención. En ningún caso podrán imponerse penas de prisión o reclusión perpetua y la duración máxima de una condena será de 15 años , incluso cuando la suma de varios delitos pudiera arrojar una pena superior. La prisión perpetua queda prohibida y ninguna condena impuesta bajo el nuevo régimen podrá superar los 15 años La aplicación del régimen cuenta además con una asignación presupuestaria específica para el ejercicio de su entrada en vigor. Presupuesto previsto para la implantación Destino Dotación Ministerio de Justicia 3.131.996.784,28 pesos Defensoría General de la Nación 20.607.158.518,80 pesos Total 23.739.155.303,08 pesos Fuente: Ley 27.801.
Un supervisor para cada adolescente La reglamentación publicada este lunes desarrolla también la figura del supervisor especializado , que se encargará del seguimiento, asistencia y control de los adolescentes sometidos al régimen. Estos profesionales deberán contar con formación en ámbitos como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social. El Ministerio de Justicia deberá elaborar inicialmente una lista provisional y convocar posteriormente un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil , cuya primera convocatoria pública tendrá que realizarse en un plazo máximo de 180 días. El decreto crea además un Comité Interministerial integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, así como una Mesa Federal destinada a coordinar la aplicación de la normativa entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia coordinará el nuevo sistema junto a Seguridad, Capital Humano y Salud De un proyecto para los 13 años a la ley definitiva La reforma comenzó a tramitarse durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei . El proyecto remitido al Congreso en julio de 2024 estaba firmado por Milei, Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich y proponía inicialmente situar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años. Durante la tramitación parlamentaria, el límite terminó fijándose en los 14. La actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , celebró la entrada en vigor de la norma y defendió que con el cambio “se terminó la excusa de la edad para delinquir”.
La dirigente sostiene que el nuevo marco permitirá dar una mayor respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores. La reducción de la edad penal ha generado, sin embargo, críticas entre organismos especializados en infancia. UNICEF valoró la creación de una legislación específica y moderna de justicia juvenil, pero recordó que el Comité de los Derechos del Niño había recomendado a Argentina mantener la edad mínima en los 16 años , potenciar la justicia restaurativa y priorizar medidas alternativas al encarcelamiento. También el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuestionaron durante la tramitación parlamentaria tanto la reducción de la edad como la posibilidad de imponer condenas de hasta 15 años.
Con la entrada en vigor de la Ley 27.801 y su reglamentación, Argentina deja atrás el régimen establecido hace más de cuatro décadas y abre una nueva etapa en su sistema penal juvenil, cuyo desarrollo dependerá ahora de la coordinación entre la Administración nacional, la Justicia y las distintas jurisdicciones provinciales.