Argentina ha intensificado en cuestión de días su ofensiva administrativa y judicial contra las compañías, accionistas, directivos y proveedores relacionados con la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas . La Presidencia formalizó el 8 de septiembre la apertura de procedimientos contra otros 15 sujetos, que se añaden a los 45 anunciados cuatro días antes. Los expedientes se apoyan en el artículo 2 de la Ley 26.659 , que prohíbe desarrollar, participar o prestar determinados servicios a actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental que Argentina reivindica sin autorización de las autoridades del país. La apertura de estos procedimientos no implica todavía una sanción firme.
La nueva ronda eleva a 60 las personas y entidades sometidas a procedimientos por actividades petroleras vinculadas a Malvinas Quince nuevos nombres en el foco de Argentina La nueva actuación amplía el radio de acción más allá de las empresas directamente encargadas de los proyectos. Entre los nuevos expedientes aparecen accionistas y directivos vinculados a Navitas Petroleum , Rockhopper Exploration , Borders & Southern y Eco (Atlantic), además de compañías que suministran infraestructura y servicios al desarrollo petrolero. Vinculación Personas o entidades incluidas Número Navitas Petroleum Shlomo Eliahu Holdings Ltd. 1 Rockhopper Exploration Aberdeen Group PLC, HBOS Investment Fund Managers Ltd., SMR Advisors (Monaco) SAM y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 4 Borders & Southern David Williamson Dobson 1 Eco (Atlantic) Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Gadi Levin y Alice Carroll 6 Infraestructura y servicios Bluewater Energy Services BV, Bluewater Sea Lion Production Company Limited y Noble Corporation UK Ltd. 3 Total 15 La primera ronda, anunciada el 4 de septiembre, ya afectaba a 45 personas físicas y jurídicas . El Gobierno dejó entonces claro que pretendía alcanzar no solo a quienes desarrollasen directamente las operaciones, sino también a accionistas y empresas proveedoras de servicios.
La estrategia argentina amplía la presión desde las petroleras hasta sus accionistas, directivos y proveedores La Ley 26.659 permite inhabilitaciones de hasta 20 años La legislación invocada por Buenos Aires establece que, previo procedimiento administrativo, quienes incumplan las prohibiciones contempladas pueden quedar inhabilitados entre cinco y 20 años para desarrollar actividades en Argentina. La norma incluye además consecuencias penales para determinados supuestos de exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización. La vía administrativa corre en paralelo a una ofensiva judicial. El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de los responsables que hubiesen intervenido en las actividades investigadas.
La decisión había sido anunciada oficialmente el 7 de septiembre. La causa ya ha dado un nuevo paso: tras el sorteo judicial, el expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 12 , a cargo del juez federal Julián Ercolini . De este modo, la escalada por los hidrocarburos ha pasado del terreno diplomático y administrativo a los tribunales argentinos. Sea Lion, el proyecto en el centro del choque Buena parte de la disputa gira alrededor de Sea Lion , el proyecto petrolero situado en la Cuenca de las Malvinas Norte.
Navitas posee una participación del 65 % y actúa como operador, mientras que Rockhopper mantiene el 35 % restante. El proyecto tomó su decisión final de inversión en diciembre de 2025. Los trabajos de infraestructura avanzan con vistas al comienzo de las perforaciones a principios de 2027 y el objetivo declarado por las compañías es alcanzar el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028 . El desarrollo inicial utilizará el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, con capacidad para producir alrededor de 55.000 barriles diarios .
Sea Lion prevé iniciar la producción en 2028 con una capacidad inicial de hasta 55.000 barriles diarios Para Argentina, esas actividades carecen de autorización válida al realizarse en espacios cuya soberanía reclama. La Casa Rosada ha advertido de que continuará identificando a todos los actores implicados y sostiene que el país “no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. Una disputa de soberanía abierta desde hace décadas Las Malvinas, denominadas Falkland Islands por Reino Unido, permanecen bajo administración británica y son reclamadas por Argentina. Ambos países se enfrentaron en 1982 en una guerra que concluyó con la derrota de las fuerzas argentinas.
Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y ha instado históricamente a ambos gobiernos a buscar una solución negociada. Londres, por su parte, defiende el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago y recuerda que en el referéndum de 2013 el 99,8 % de los votantes optó por mantener su condición de territorio británico de ultramar. La aceleración del proyecto Sea Lion ha vuelto a colocar los recursos energéticos en el centro de una disputa de más de un siglo. Con 60 expedientes administrativos abiertos y una causa penal ya en manos de la Justicia federal, el Gobierno de Milei busca trasladar la presión sobre la explotación del petróleo en Malvinas a toda la estructura empresarial y financiera que hace posible el proyecto.