Una presunta red de inteligencia y contrainteligencia diseñada para dar seguimiento a distintas agrupaciones del movimiento social organizado fue denunciada por la Alianza del Pueblo Unido por la Vida este 8 de septiembre. Al menos 43 agentes de la Policía Nacional formarían parte de esta estructura señalada por elaborar perfilamientos e informes amañados en contra de educadores, dirigentes comunitarios, estudiantes y líderes indígenas. La denuncia fue llevada ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) a quien le exigen medidas de protección para las víctimas entre las que se encuentran familiares de los actores asediados. Esta acusación, que implica presuntas infiltraciones y vigilancia contra dirigentes sociales y a lo interno de las organizaciones populares, ha sido presentada ante 4 relatorías especiales de Naciones Unidas, con el respaldo del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.
Y el gobierno panameño deberá dar una respuesta dentro de los próximos 60 días. Aunque este esquema existiría desde el año 2023 no fue sino hasta 2026 mediante la resolución número 122 del mes de mayo en que se haya intentado legalizar, lo que sería peligroso de acuerdo con los denunciantes más aún bajo una administración que cataloga la protesta social como una amenaza. La Ciudad de Panamá, John Alonso ght/tmv