El doctor Edén Aguilar, especialista en derecho penal y procesal, analizó en Radio 580 dos problemáticas de relevancia jurídica y social: los avances en la tutela judicial efectiva para víctimas de violencia sexual en casos de larga data y el procedimiento legal ante la contaminación de mataderos e incubadoras clandestinas en zonas urbanas. En el caso de Elizabeth Aracely Frank Davis, eximida del delito de violencia doméstica y psicológica interpuesto por su ex cónyuge John Michael Quinn, el doctor Aguilar expuso que el Juez Primero Local Penal, Alex Martínez, resolvió ponderando debidamente los elementos presentados por la defensa. En la causa, la denunciante acusó al ciudadano estadounidense por agresiones sexuales ocurridas desde que ella tenía 13 años. - Te puede interesar:“Yo era una niña, tenía sueños”: Declaran no culpable a mujer acusada de violencia doméstica contra su ex pareja Sobre si el tiempo transcurrido habría extinguido la acción penal, el especialista aclaró que la resolución judicial evaluó de forma integral el impacto en la víctima. Explicó que, con un enfoque de perspectiva de género y sin recursos pendientes, se respalda el derecho de la denunciante a determinar la responsabilidad penal del denunciado. “Existe un orden, un registro y la resolución de la autoridad judicial contó con la ponderación debida….
Ella tiene todo el derecho de llevar los hechos sufridos en su temprana edad al plano jurisdiccional en el ámbito sexual. El sistema de justicia determinará si fue sujeto de violencia sexual y si el denunciado merece responsabilidad penal”, puntualizó. - Te puede interesar:Mujer absuelta por violencia confirma que fue violada por gringo desde los 12 años Ruta legal y administrativa ante riesgos sanitarios en barrios En un segundo bloque, abordó la problemática denunciada por vecinos de Somoto, Madriz, donde la instalación no autorizada de un matadero e incubadora de cerdos en un área residencial ha generado malos olores, heces, quema de residuos y contaminación acústica. El jurista precisó que las actividades económicas de crianza y sacrificio de animales no son absolutas y deben someterse al ordenamiento legal. Remarcó que la Ley General de Salud (Ley 423) exige licencias sanitarias y planes técnicos para el manejo de desechos, priorizando el bien común por encima del interés particular, según la Constitución Política de Nicaragua.
Para hacer frente a estas situaciones, detalló la ruta de agotamiento de la vía administrativa y penal: - SILAIS / MINSA: Presentación de denuncia por escrito para la acreditación del riesgo sanitario y verificación de licencias. - Alcaldía Municipal: Inspección a cargo de las áreas de Higiene y Seguridad Comunal. - Escalamiento administrativo: Si las autoridades locales no responden, se debe ingresar un segundo escrito o recurrir a instancias superiores (delegación departamental o sede central en Managua). - Intervención Policial y Penal: Si la actividad ilegal persiste tras las resoluciones administrativas, se configura la flagrancia. Con los expedientes de la Alcaldía y el MINSA, la Policía Nacional y el Ministerio Público pueden tramitar la denuncia penal bajo el Artículo 339 del Código Penal de Nicaragua, el cual sanciona la crianza o sacrificio no autorizado de animales con penas de 6 meses a 2 años de prisión e inhabilitación de la actividad. Finalmente, el doctor Aguilar advirtió que las empresas que no adecúen sus procesos a los mecanismos de mitigación ambiental incurren en la responsabilidad penal de personas jurídicas, modelo enfocado en proteger el medio ambiente y la salud pública.