El caso involucra a los panameños detenidos el pasado 28 de febrero en La Habana, donde fueron arrestados mientras pintaban grafitis contra las autoridades, violando el orden constitucional. Tras gestiones de la Cancillería panameña, tres mujeres de ese grupo fueron liberadas y regresaron al país istmeño. Los familiares de los siete que continúan detenidos emitieron un comunicado en el que se deslindaron categóricamente de las actividades de la organizaciones Camino a la Democracia de Cuba y FundaCuba, y pidieron que esas agrupaciones y terceros dejen de realizar pronunciamientos públicos en nombre de sus parientes. La publicación señala que investigaciones periodísticas atribuyen a esas estructuras el reclutamiento de panameños para participar en acciones contra el Gobierno cubano, con financiamiento externo destinado, entre otros fines, a la compra de pasajes aéreos y campañas en redes sociales.
El expediente también llegó al Ministerio Público panameño, donde se habría presentado una denuncia para investigar esas acciones, además del movimiento de dinero, las redes sociales y el material promocional relacionados con esas actividades. De acuerdo con el reporte, Alexis Ortíz y Katerine Torres aparecen vinculados respectivamente a Camino a la Democracia de Cuba y FundaCuba, mientras que publicaciones atribuyen a ambos actividades de difusión desde Panamá de mensajes contra el Gobierno cubano. La información periodística menciona además conexiones con Miami, Estados Unidos, y a Miladys Hernández, residente en ese país, como presunta responsable del pago de programas televisivos y otras actividades de la organización. Hernández confirmó al medio digital La Verdad sus vínculos con la agrupación y explicó que esta ha recibido y solicitado donaciones destinadas a ayudar a los familiares de los detenidos y cubrir gastos de asistencia legal.
También reconoció contactos con el abogado que lleva el caso para conocer los avances del proceso. Según esa versión, Hernández reside en Estados Unidos, mientras la contadora de la organización se encuentra en Costa Rica, país que habría formado parte de la red de conexiones del grupo desde 2019. La controversia ha colocado bajo escrutinio en Panamá las actividades de organizaciones que, según las publicaciones citadas, desarrollan campañas políticas contra el Gobierno cubano y mantienen vínculos con personas y estructuras radicadas en el extranjero. mem/ga