Buenos Aires — El Gobierno argentino dio a conocer este martes las ofertas técnicas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor prestadora de agua potable y cloacas del país, en una licitación por la que ya compiten dos consorcios. El operador que resulte elegido deberá quedarse con el 90% de las acciones hoy en manos del Estado y comprometerse a invertir más de US$2.000 millones en los primeros cinco años. Los oferentes que se presentaron son Rowing S.A. —un consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX— y Roggio Roas S.A., que agrupa a Roggio Roas y otros socios. A partir de esta instancia, la Comisión de Evaluación analizará las propuestas técnicas según las condiciones del pliego.
El 10% restante del capital quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada. No hay una valuación pública del 90% de AySA, de modo que todavía se desconoce cuánto podría recaudar el Estado por ese paquete. El Gobierno proyectó recaudar US$1.500 millones con privatizaciones en 2027, según el programa financiero que presentó para ese año, y la venta de la empresa de agua es una de las cartas para llegar a esa cifra. Este año, en tanto, cerraría con ingresos por privatizaciones de US$800 millones, a raíz de la venta de la mitad de Citelec, holding que controla a la transportadora de energía eléctrica Transener.
AySA es la principal empresa de agua y saneamiento de la Argentina: presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano, con 11,4 millones de personas abastecidas con agua potable, 9,6 millones con cloacas y cerca de 3,9 millones de usuarios registrados. El Gobierno justificó la venta en el deterioro del servicio: sostiene que entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones y que, pese a ello, un tercio del área concesionada sigue sin acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada rondan el 42% y los costos operativos subieron 80%. El pliego impone un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, con inversiones por ARS$2,89 billones a valores de diciembre de 2025. El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán llegar al menos a 90% y 75% al cierre del plazo inicial de 30 años.
Durante el primer ciclo tarifario de cinco años, las tarifas se mantendrán constantes en términos reales, sin nuevos aumentos por encima de la inflación. El ente regulador ERAS controlará el cumplimiento cada año, las inversiones requerirán la certificación de un auditor independiente y el incumplimiento grave podrá derivar en multas o en la pérdida de la concesión. Los avances en la agenda privatizadora de Milei La operación constituye uno de los capítulos más grandes de la agenda privatizadora que Milei habilitó con la Ley Bases de 2024, que dejó seis empresas públicas sujetas a venta. Hasta ahora, las transferencias efectivamente concretadas fueron tres.
La primera fue IMPSA, en febrero de 2025: el Estado nacional y la provincia de Mendoza vendieron cerca del 85% del capital al consorcio IAF, liderado por la estadounidense ARC Energy, en una operación que incluyó una capitalización de US$27 millones y la asunción de una deuda de unos US$576 millones. Luego en diciembre de 2025, el Estado transfirió los paquetes accionarios de las concesionarias de las cuatro hidroeléctricas del Comahue —a Edison Inversiones, Central Puerto y MSU Green Energy, entre otros— y recaudó alrededor de US$707 millones. Y entre este año, vendió el 100% de su participación en CITELEC, controlante de la transportista Transener, al consorcio de Genneia y Edison Transmisión por US$356 millones. Las empresas estatales aún sujetas a privatizaciones o concesiones, según la Ley Bases, son ENARSA (Energía Argentina S.A.), Intercargo S.A.U. (servicios aeroportuarios en tierra), Belgrano Cargas y Logística S.A. (transporte ferroviario de cargas), SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. / Trenes Argentinos), y la firma Corredores Viales S.A. (administradora de rutas y autopistas).