Bloomberg Línea — La Fiscalía de Costa Rica acusó a cinco funcionarios y exfuncionarios del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato con la empresa china Huawei. La acusación, presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), se refiere a una operación mediante la cual una multa de casi US$8 millones que Huawei debía pagar al ICE habría sido utilizada para reducir el valor efectivo de una oferta presentada posteriormente por la compañía. De acuerdo con documentos de la investigación citados por los medios costarricenses, la operación involucró una llamada “dación en pago” por unos US$6,7 millones. Ese mecanismo permitió considerar parte de la deuda como un componente de la oferta de Huawei, que originalmente rondaba los US$8,3 millones y terminó siendo valorada para efectos comparativos en US$1,6 millones.
Los señalados son Jaime Palermo, exgerente de Telecomunicaciones del ICE; Germán Sánchez, exjefe de la División de Infraestructura; Alberto Campos, exdirector de Desarrollo y Plataformas y Habilitación de Servicios; Jan Fonseca, administrador del contrato; y Jenny Vargas, entonces coordinadora de contratación administrativa y actualmente directora de Proveeduría. Los cinco enfrentan cargos por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública. Palermo también fue acusado por presunto tráfico de influencias, mientras que Fonseca enfrenta además un señalamiento por supuesta falsedad en la recepción de bienes y servicios. Multa convertida en parte de la oferta El origen de la controversia se remonta a una contratación adjudicada a Huawei en 2008.
Aquel contrato, según la acusación, incluía sanciones económicas por retrasos en las entregas del objeto contractual, lo que llevó al ICE a imponer a la empresa una multa cercana a los US$8 millones en 2016. Ver más: China acusa a EE.UU. de intervenir en Argentina por un contrato con Huawei Un año después, el 27 de abril de 2017, un representante de Huawei propuso al ICE cancelar la deuda mediante una dación en pago, es decir, con bienes en lugar de dinero. La propuesta incluía cuatro enrutadores Core NE5000E-X16 que Huawei había entregado al ICE en 2013 como un “ofrecimiento adicional sin costo” en otra contratación. La Fiscalía sostiene que esos equipos ya eran propiedad del instituto estatal y que, para entonces, tenían un valor aproximado de US$837.000.
Para la Fiscalía, los funcionarios acusados permitieron que fueran recibidos como bienes nuevos y contabilizados como parte del pago, con lo que Huawei pudo extinguir una parte de la deuda que mantenía con el ICE. La Auditoría Interna del ICE también analizó el procedimiento. Según informó La Nación tras acceder al expediente, la decisión de elegir la oferta de Huawei se tomó el 30 de mayo de 2017, antes de que la dación en pago fuera aprobada formalmente, el 9 de noviembre de ese año. La auditoría cuestionó que la decisión se hubiera tomado antes de esa aprobación y señaló que el mecanismo utilizado podía haber dado una ventaja a Huawei frente a las demás ofertas.
El Ministerio Público informó que la acusación ya fue comunicada a las partes y que ahora espera conocer si el ICE y la Procuraduría General de la República presentarán acusaciones particulares y acciones civiles para reclamar eventuales daños y perjuicios. El caso en el contexto del 5G El caso se conoce mientras Costa Rica avanza en el despliegue de su red 5G, en un proceso que dejó fuera a Huawei después de que el Gobierno estableciera requisitos de ciberseguridad que excluyeron a proveedores de países que no son parte del Convenio de Budapest. Huawei recurrió esas medidas ante los tribunales, pero finalmente el ICE adjudicó a la sueca Ericsson el contrato principal para el despliegue de su red 5G. Washington lleva años presionando a los Gobiernos latinoamericanos para que excluyan de sus redes a proveedores chinos que considera de alto riesgo.
Esta semana, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Juan Pablo Segura, volvió a pedir a sus socios en las Américas que opten por proveedores de confianza y señaló a Huawei, ZTE y otras empresas chinas por los riesgos que, de acuerdo con Estados Unidos, plantean para la seguridad de las redes.