La Asamblea Nacional presentó a los órganos del Estado de Nicaragua los alcances de la propuesta de reforma parcial a la Constitución Política, como parte del proceso de consultas que se desarrolla sobre los cambios planteados para fortalecer el marco jurídico e institucional del país. La jornada reunió a representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General de la República. El planteamiento coloca como uno de sus ejes centrales la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación, bajo el principio de que las decisiones fundamentales de Nicaragua deben responder a su propia realidad histórica y constitucional. En este sentido, el proceso busca recoger los aportes de las instituciones del Estado antes de avanzar en la aprobación de las reformas.
Soberanía y orden constitucional Durante la exposición se destacó la necesidad de establecer mecanismos constitucionales que protejan al país frente a disposiciones externas que puedan afectar su independencia, soberanía, seguridad o estabilidad. La Constitución vigente ya establece que Nicaragua rechaza la subordinación de un Estado respecto a otro y reconoce la soberanía como fundamento de sus relaciones internacionales. El planteamiento también incorpora la defensa del orden jurídico nacional frente a la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras. Este punto fue posteriormente incorporado por la Asamblea Nacional mediante una adición al proceso de reforma, estableciendo que ninguna ley, reglamento o normativa extranjera que atente contra la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional.
Una reforma vinculada a la estabilidad y al desarrollo Otro de los argumentos expuestos durante el proceso está relacionado con la necesidad de garantizar mayor continuidad para la planificación y ejecución de proyectos nacionales. La propuesta contempla períodos constitucionales de siete años, bajo el argumento de que un plazo mayor permitiría dar continuidad a programas de infraestructura, salud, educación y desarrollo. En el encuentro, los representantes institucionales expresaron su respaldo a la propuesta y coincidieron en la importancia de fortalecer el funcionamiento de las instituciones, la seguridad jurídica y los mecanismos electorales, dentro del marco constitucional establecido. De esta manera, la reforma constitucional de Nicaragua 2026 continúa su proceso de consulta con los distintos sectores e instituciones del país, en una discusión que tiene como ejes la soberanía, la autodeterminación, la estabilidad y el fortalecimiento del orden constituciona