Seguir a FinanzasDigital en Google La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó un requisito que hasta ahora condicionaba determinados contratos autorizados bajo las licencias generales relacionadas con Venezuela: las partes ya no están obligadas a establecer que el contrato se regirá e interpretará conforme a las leyes de un estado u otra jurisdicción de Estados Unidos. El cambio entró en vigor este 27 de agosto de 2026 y alcanza a contratos celebrados con el Gobierno venezolano y determinadas personas bloqueadas, dentro de operaciones autorizadas por varias licencias generales de OFAC. Entre ellas están las relacionadas con petróleo, Pdvsa, minería, telecomunicaciones y el suministro de bienes y servicios. Hasta ahora, las condiciones de algunas de estas licencias establecían que los términos de los contratos debían ser interpretados de acuerdo con las leyes de un estado u otra jurisdicción estadounidense.
OFAC explicó que decidió eliminar ese requisito en respuesta a reformas relacionadas con la inversión realizadas por el Gobierno venezolano desde enero de 2026. El cambio no significa, sin embargo, que las empresas puedan negociar estos contratos sin restricciones ni que todas las operaciones con Venezuela hayan quedado fuera del régimen de sanciones estadounidense. ¿Qué cambia para los contratos? La modificación afecta específicamente la ley aplicable al contrato, es decir, las partes ya no tienen que incluir una disposición que establezca que las obligaciones contractuales, su interpretación, cumplimiento, incumplimiento o determinados recursos jurídicos estarán regidos por las leyes de Estados Unidos. La diferencia puede ser relevante para empresas que evalúen acuerdos con el Gobierno venezolano o con entidades bloqueadas que estén cubiertas por las autorizaciones de OFAC.
Pero hay una distinción importante: eliminar la obligación de escoger la ley estadounidense no elimina la obligación sobre dónde deben resolverse las disputas. OFAC mantiene el requisito de que los contratos cubiertos establezcan que los procedimientos para resolver controversias relacionadas con el acuerdo o con su incumplimiento se desarrollen en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. En otras palabras, una empresa puede dejar de estar obligada a escoger una ley estadounidense para gobernar el contrato, pero las partes siguen teniendo que acordar uno de esos cuatro países como jurisdicción para los procedimientos de resolución de disputas. No todos los contratos relacionados con Venezuela están incluidos La disposición tampoco se aplica indiscriminadamente a cualquier contrato que tenga alguna relación con una operación autorizada.
OFAC precisó que el requisito sobre resolución de disputas se aplica a los contratos que regulen transacciones con el Gobierno de Venezuela o determinadas personas bloqueadas. Entre los ejemplos mencionados por el organismo están Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el marco de la Licencia General 52B, y la Corporación Venezolana de Minería (CVG), bajo la Licencia General 51C. En cambio, la exigencia no alcanza necesariamente a empresas que participan indirectamente en esas operaciones. OFAC puso como ejemplo a compañías de seguros, transporte u otros proveedores que tengan contratos con una empresa estadounidense que, a su vez, realice una operación autorizada con Pdvsa.
En esos casos, la obligación sobre la jurisdicción para resolver disputas no se extiende automáticamente al contrato entre el proveedor y la empresa estadounidense. Una modificación dentro de un régimen que sigue vigente El cambio forma parte de una actualización más amplia de las reglas estadounidenses para determinadas operaciones con Venezuela. Este jueves, OFAC modificó las licencias generales 46D, 47B, 48C, 50C, 51C, 52B, 54B y 61A, que abarcan actividades relacionadas con petróleo y petroquímica, diluyentes, bienes y servicios, operaciones de petróleo y gas, minerales y oro, Pdvsa, minería y telecomunicaciones. La propia OFAC señaló que estas modificaciones responden a las reformas venezolanas en materia de inversión y que Estados Unidos continúa respaldando los esfuerzos de empresas estadounidenses para reinvertir en Venezuela.