Por: Iqbal Jassat * Pese a la incesante condena internacional, las declaraciones de la ONU y los procedimientos en curso ante la Corte Internacional de Justicia, la población rohingya, privada de nacionalidad, continúa soportando una implacable campaña de terror de Estado, expulsión forzosa y borrado institucionalizado. Hoy, mientras los Gobiernos de la región miran cada vez más hacia otro lado —o, peor aún, deportan activamente a quienes huyen de la masacre—, la comunidad internacional debe afrontar una verdad cruda e incómoda: la junta militar de Naipyidó no actúa en el vacío. Se mantiene gracias al respaldo, la financiación y el armamento de una red de países extranjeros cómplices que anteponen la influencia geopolítica y la explotación económica a la vida humana. Para comprender la magnitud de esta crisis es necesario remontarse a una arquitectura de exclusión estructural construida durante décadas.
Durante generaciones, los rohingyas han habitado el estado de Rakáin, pero han sido despojados sistemáticamente de su identidad jurídica. El punto de inflexión fundamental llegó con la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982, promulgada por un régimen militar anterior para convertir de la noche a la mañana a los rohingyas en una población apátrida. A partir de entonces se implantó deliberadamente un modelo institucionalizado de apartheid: severas restricciones a la libertad de movimiento, negación de la atención sanitaria y criminalización de su propia existencia. Esta hostilidad auspiciada por el Estado desembocó en una catástrofe a gran escala en agosto de 2017, cuando el Ejército de Myanmar lanzó brutales “operaciones de limpieza” que incluyeron asesinatos masivos, violencia sexual sistemática y la quema deliberada de poblaciones enteras.
Investigadores de la ONU concluyeron que estas atrocidades se cometieron con una clara intención genocida. Hoy, la catástrofe ha entrado en una fase aún más insidiosa. Atrapados en miserables campos de desplazados o sitiados en aldeas inestables, los rohingyas que quedan están atrapados en el fuego cruzado de una guerra civil cada vez más intensa. La ONU teme que más de 500 rohingyas hayan muerto en dos presuntos naufragios frente a Myanmar Las agencias de la ONU pidieron “intensificar las labores de búsqueda y rescate, garantizar el acceso al asilo y la protección, y actuar contra las redes de tráfico y contrabando”.
La junta militar ha recurrido a la cruel ironía del reclutamiento forzoso: secuestra y obliga a jóvenes rohingyas a combatir en primera línea por el mismo ejército que masacró a sus familias. Al mismo tiempo, el principal método de guerra de la junta ha pasado a ser el devastador empleo de ataques aéreos. Aviones militares y drones descargan regularmente fuego indiscriminado sobre mercados, hospitales y escuelas. Mientras tanto, los países vecinos de la región también están profundamente implicados.
India ha renovado en reiteradas ocasiones programas de asistencia comunitaria y tecnológica, al tiempo que consolida acuerdos de demarcación fronteriza con el régimen ilegal. Además, centros comerciales regionales como Singapur y Tailandia han actuado históricamente como canales financieros, permitiendo a intermediarios vinculados a la junta eludir las sanciones para adquirir materias primas, componentes electrónicos y equipos de doble uso esenciales para la fabricación nacional de armamento. Las consecuencias de esta complicidad internacional trascienden las fronteras de Myanmar y alimentan una grave crisis migratoria regional. Las familias aterrorizadas que arriesgan sus vidas en peligrosas travesías marítimas o cruzan las fronteras clandestinamente se enfrentan cada vez más a la hostilidad.
Los Gobiernos de la región están rechazando activamente embarcaciones y llevando a cabo deportaciones forzosas bajo el pretexto del control fronterizo. Esto constituye una flagrante violación del principio de no devolución ( non-refoulement ), piedra angular del derecho internacional que prohíbe estrictamente devolver a personas a un país donde afronten una amenaza creíble de tortura, persecución o muerte. Deportar a un refugiado rohingyas de vuelta a Myanmar equivale, en la práctica, a firmar su sentencia de muerte. La situación de los refugiados rohinyás en Bangladesh ha llegado, efectivamente, a un punto crítico y desgarrador.
Más de un millón de refugiados rohingyas viven actualmente en Cox’s Bazar, el mayor conjunto de campos de refugiados del mundo, y en la isla de Bhasan Char, sumidos en un limbo sin prácticamente ninguna perspectiva segura, digna o realista de regresar a Myanmar. Israel proporcionó armamento a la junta de Myanmar en medio del genocidio rohingya: informe Un grupo de derechos humanos reveló que Israel proporcionó equipamiento militar a la junta de Myanmar pese al embargo impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea contra el país. Confinados en precarios refugios temporales construidos con bambú y lonas, que ofrecen escasa protección frente a las inclemencias meteorológicas, los refugiados de estos campamentos son extremadamente vulnerables a los intensos monzones, ciclones y deslizamientos de tierra que azotan Bangladesh y que destruyen habitualmente los refugios y arrasan infraestructuras esenciales. El Gobierno de Bangladesh, que abrió generosamente sus fronteras en 2017, sigue sosteniendo que la repatriación a Myanmar es la única solución permanente.
Sin embargo, ante la intensificación de la campaña de violencia de la junta militar de Myanmar, el despojo de la ciudadanía a los rohingyas y la imposición del reclutamiento obligatorio, regresar a su país sigue siendo imposible. La comunidad internacional debe negarse a tratar la crisis rohingya como una tragedia irresoluble. Las condenas sin consecuencias materiales no han logrado nada. Una verdadera rendición de cuentas exige desmantelar las redes externas que mantienen con vida a la junta.
Los organismos internacionales y los países aliados deben ampliar de forma contundente las sanciones para atacar a instituciones financieras como el Myanmar Economic Bank e imponer un embargo mundial integral sobre el combustible de aviación y las transferencias de armas. Los Gobiernos que suministran armas deben ser señalados públicamente, denunciados y considerados jurídicamente responsables de colaborar y ser cómplices de crímenes de guerra. Garantizar la seguridad y los derechos humanos de los rohingyas no es una cuestión política aislada; es una prueba urgente de nuestra humanidad colectiva. Todo país que arme a la junta o fuerce a un refugiado a regresar lleva sangre en sus manos y en su conciencia.
Pese a las medidas de rendición de cuentas en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Ejército de Myanmar aún no ha afrontado consecuencias adecuadas por sus crímenes atroces. Defender los derechos humanos de los rohingyas, así como de toda la población de Myanmar, depende de que se haga justicia por los crímenes cometidos por los comandantes militares. Mientras no se adopten medidas urgentes para detener las atrocidades, la impunidad del Ejército, que se prolonga desde hace décadas, continuará. * Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de la Media Review Network (Red de Revisión de Medios), con sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Texto recogido de un artículo publicado en Press TV