Bloomberg — La lucha por el control de Sherritt International Corp, una empresa minera canadiense con profundos vínculos con Cuba, ha involucrado a dos actores inesperados: Citigroup Inc. (C) y Office Depot Inc. Gracias a una compleja serie de fusiones y adquisiciones que se remonta a casi un siglo, ambas empresas tienen derechos sobre propiedades confiscadas durante la revolución cubana de 1959 y que posteriormente fueron utilizadas por el productor de níquel y cobalto con sede en Toronto. Ahora que Sherritt busca un respaldo estadounidense que le ayude a sortear las duras sanciones de Donald Trump, esas reclamaciones que habían permanecido inactivas durante años están cobrando nueva relevancia. Valoradas en más de US$350 millones sobre el papel, también ponen de relieve cómo las leyes diseñadas para proteger a quienes perdieron sus propiedades a manos del régimen comunista han creado un campo minado para las nuevas inversiones que Cuba necesita con urgencia. “Estas demandas constituyen un veto, no una molestia”, afirmó Davy Karkason, abogado fundador de Transnational Matters PLLC, firma especializada en sanciones estadounidenses y arbitraje internacional. “Si Citi dice ‘no’, nadie se queda con la mina y Sherritt vuelve al punto de partida”.
El futuro de Sherritt pende de un hilo desde mayo, cuando el presidente de EE.UU. promulgó una orden ejecutiva destinada a expulsar a las empresas extranjeras de Cuba. Inicialmente, la minera canadiense anunció que disolvería sus empresas conjuntas en la isla —que incluyen una mina y una planta de generación eléctrica—, pero dio marcha atrás cuando un antiguo asesor de Trump emergió como su potencial salvador. Además de las negociaciones con Gillon Capital LLC —el family office del magnate inmobiliario y patrocinador del Partido Republicano Ray Washburne—, Sherritt ha recibido el interés de un consorcio rival que incluye al gigante mundial de las materias primas Glencore Plc y a otro multimillonario texano, el magnate petrolero Albert Huddleston. Washburne confirmó en una entrevista que está trabajando para resolver al menos una de las dos reclamaciones como parte de sus gestiones para adquirir la compañía. “Lo que me preocupa es la mina”, declaró esta semana en Dallas.
Al ser preguntado si estaría dispuesto a liquidar la reclamación sobre dicha instalación, respondió: “Así es”. Kyma Capital Ltd., el principal acreedor de Sherritt y parte del consorcio Glencore, declaró que el grupo está al tanto de las reclamaciones y que “buscará resolverlas dentro del marco legal y normativo estadounidense aplicable”, sin dar detalles sobre cómo podría estructurarse una solución. Los portavoces de Huddleston no respondieron a las solicitudes de comentarios. Si el comprador exitoso encuentra una fórmula que agrade a Citi y Office Depot, podría allanar el camino para resolver casi 6.000 reclamaciones pendientes en virtud de la Ley Helms-Burton, que han hecho que invertir en Cuba sea una tarea ardua, según Pedro Freyre, presidente del departamento de práctica internacional de Akerman LLC en Miami.
Cualquier empresa que tenga alguna relación, aunque sea tangencial, con alguna de esas reclamaciones, está expuesta a acusaciones de “tráfico” de bienes incautados, dijo el abogado. Sin embargo, si se logra comprar los derechos de los reclamantes, incorporarlos como socios o pagarles algún tipo de arrendamiento, esto podría sentar “un modelo” para varios de los casos registrados de mayor envergadura, señaló Freyre. “Resolver las reclamaciones estadounidenses en el marco de la Ley Helms-Burton constituye el nudo gordiano en lo que respecta a la inversión en Cuba”. Trump ha estado castigando a la isla con sanciones económicas casi semanales en su intento por poner fin a casi siete décadas de gobierno de partido único. Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba, lo que ha agravado los apagones crónicos.
La crisis energética llevó a Sherritt a suspender las operaciones en su mina en febrero. Citigroup está vinculado a Sherritt a través de una participación accionaria histórica en Moa Bay Mining Co., que fue confiscada por Fidel Castro en 1960 tras derrocar al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. Desde 1994, la mina fue operada por una empresa conjunta de la compañía canadiense con la estatal cubana General Nickel Co. SA.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras —creada para resolver las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra gobiernos extranjeros— valoró la reclamación contra la mina de Moa en US$88 millones. Actualmente está en manos de Citi y es el tercer caso más importante de todos los certificados, según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, que realiza un seguimiento de este asunto. El grupo estima que, con los intereses, las 5.913 reclamaciones combinadas ascienden ahora a más de US$9.000 millones. Un portavoz de Citi se ha negado a hacer comentarios.
La relación de Office Depot con Sherritt se remonta a 1927, cuando se constituyó la Cuban Electric Co. en Florida y comenzó a adquirir centrales eléctricas regionales en Cuba. En la década de 1950, la empresa suministraba más del 90% de toda la electricidad de la isla y era uno de los principales proveedores de gas natural de la capital, La Habana. Cuando Castro llegó al poder, Cuban Electric fue una de las primeras empresas extranjeras expropiadas en nombre de la revolución. Su accionista mayoritario en aquel entonces era American & Foreign Power Co.
Inc., que en 1967 se fusionó con otra empresa y se convirtió en Ebasco Industries Inc. Dos años después, el gigante papelero Boise Cascade Co. compró Ebasco. En 2003, Boise adquirió OfficeMax y adoptó su nombre. Una década después, OfficeMax se fusionó con Office Depot y adoptó su nombre.
Y en 2025, la firma de capital privado Atlas Holdings LLC, con sede en Connecticut, compró la empresa matriz de Office Depot, ODP Corp., y heredó la reclamación sobre Cuba. En ese momento, la recuperación de la deuda era tan precaria que ODP la había relegado a dos frases en su último informe regulatorio estadounidense. “La empresa posee el 88% de una filial que anteriormente tenía activos en Cuba, los cuales fueron confiscados por el gobierno cubano en la década de 1960”, declaró ODP. “Debido a diversas restricciones sobre los activos, no es posible determinar el valor justo de esta inversión”. Valorada inicialmente en US$268 millones por la comisión de reclamaciones, la reclamación de Cuban Electric ha ido aumentando a un ritmo del 6% anual. Es la mayor que figura en los libros y su valor es casi tres veces superior al de la siguiente más cercana.
En el año 2000, Sherritt adquirió una participación en Energas S.A., una empresa de generación eléctrica que gestiona en forma de empresa conjunta con dos empresas estatales. Dichas instalaciones de generación a gas pertenecían anteriormente a Cuban Electric. En julio, Atlas demandó a la empresa estatal cubana de electricidad y a Energas por US$803 millones al amparo de la Ley Helms-Burton. Atlas no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
Karkason, el abogado especializado en sanciones, señaló que existe la posibilidad de que los interesados que rondan la mina de níquel de Sherritt puedan llegar a un acuerdo que deje fuera a Energas y, por lo tanto, a Atlas y a Office Depot. Washburne indicó que esa es su intención. “En realidad no me importa eso”, dijo refiriéndose al negocio energético de Sherritt. John Kavulich, presidente del consejo comercial Estados Unidos-Cuba, afirmó que la minera es uno de los ejemplos más representativos del atasco de inversiones creado por la Ley Helms-Burton. Y la resolución favorable de su caso podría ser un verdadero milagro que resuelva tanto la mayor como la tercera mayor reclamación certificada.
Ningún postor por Sherritt recibirá la aprobación de la administración Trump “a menos que cuente con el respaldo de los reclamantes certificados”, dijo Kavulich. “Es una especie de carrera para que estas partes lleguen a un acuerdo”. --Con la colaboración de Todd Gillespie. Lea más en Bloomberg.com