"Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de Gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del Gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas", afirmó el mandatario. Según las palabras de De La Espriella, se destinaron más de 7.000 millones de pesos colombianos ( unos 2,3 millones de dólares) exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores. Esta cifra no incluye los recursos destinados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros gastos financiados por el Estado. "En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad.
El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República", concluyó. Tras su elección, De la Espriella dio a los grupos armados un plazo para iniciar procesos de sometimiento y advirtió que quienes permanezcan en armas enfrentarán operaciones de la fuerza pública. También anunció el desmonte de mecanismos creados durante el Gobierno de Petro para adelantar conversaciones y la reactivación de órdenes de captura suspendidas en algunos procesos. De la Espriella ha cuestionado especialmente los ceses al fuego y los beneficios concedidos durante esas negociaciones, al considerar que fueron aprovechados por los grupos ilegales para ampliar su presencia territorial.
América Latina El presidente de Colombia ordena la extradición de cinco cabecillas de grupos armados a EEUU 27 de agosto, 05:59 GMT