Por: Alireza Ahmadzadeh * El miércoles, la Junta de Gobernadores de la AIEA, en otra decisión motivada políticamente, votó a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) por un supuesto “incumplimiento” nuclear que, según sus afirmaciones y sin una sola prueba que lo respalde, habría cometido Teherán. La resolución, que da continuidad a la aprobada días antes de que el régimen israelí lanzara el año pasado su guerra de agresión de 12 días contra Irán, exige a Teherán que “subsane urgentemente” una violación que el propio organismo nunca ha establecido de manera creíble. El texto exige acceso de los inspectores a instalaciones que precisamente los patrocinadores de la resolución, Estados Unidos e Israel, han bombardeado repetidamente durante los últimos dos años. Y pretende, con una audacia y una falta de escrúpulos sorprendentes, que nada de esto hubiera ocurrido.
Esto no tiene claramente que ver con las salvaguardias. Tampoco se trata de la no proliferación. Es la fase final, ya sin máscaras, de la instrumentalización política de una institución internacional creada precisamente para impedir este tipo de abusos. Irán: Acciones politizadas de AIEA empujan a países a abandonar el TNP | HISPANTV El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha advertido que las acciones “politizadas” de la AIEA impulsarán a los países a retirarse del TNP.
Diplomacia, luego agresión y después silencio Para comprender lo ocurrido el miércoles en Viena, es necesario rastrear el patrón que se ha repetido con precisión mecánica, especialmente durante los últimos dos años y, en términos generales, durante años anteriores. El ciclo comenzó en el verano de 2025. El 12 de junio de 2025, la Junta de Gobernadores de la AIEA aprobó una resolución contra Irán. Al día siguiente, Israel, con el respaldo de Estados Unidos, lanzó una guerra de agresión de 12 días, bombardeando instalaciones nucleares iraníes bajo salvaguardias y obligando a la AIEA a retirar a sus inspectores.
Después llegó la escalada catastrófica de finales de febrero de 2026. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente una guerra de agresión a gran escala contra Irán. El saldo de víctimas civiles fue devastador, incluido un ataque estadounidense contra una escuela primaria en Minab que acabó con la vida de más de 160 escolares, además del asesinato de altos dirigentes políticos y militares y del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Finalmente, la guerra fue detenida mediante un alto el fuego a comienzos de abril.
Sin embargo, la traición diplomática continuó. El 10 de junio de 2026, la Junta de la AIEA aprobó otra resolución impulsada por Estados Unidos. Apenas una semana después, el 17 de junio, se firmó el Memorando de Entendimiento (MdE) de Islamabad, mediado por Pakistán. Pero solo tres semanas después de que se secara la tinta del acuerdo, Estados Unidos lo violó, reanudó su agresión militar y restableció su bloqueo naval.
Ahora, en septiembre de 2026, asistimos a la versión más reciente y brutal de este ciclo. Apenas unos días antes de la votación de la AIEA, misiles estadounidenses impactaron contra una celebración de boda en el sur de Irán, dejando decenas de mujeres y niños muertos o heridos. Durante todo este tiempo, la AIEA y el CSNU han mantenido un silencio ensordecedor respecto a estos crímenes de guerra. Y ahora, mientras la guerra continúa, Washington exige que Irán abra sus puertas a los inspectores mientras las bombas siguen cayendo.
Es un ritual macabro en el que la palabra “diplomacia” se utiliza como cobertura para la agresión, y la AIEA como un elemento escénico destinado a otorgar una apariencia de legitimidad a la representación. El absurdo jurídico El defecto más evidente de la postura occidental y del informe del director general de la AIEA es su completa desconexión con la realidad sobre el terreno. La AIEA no ha tenido acceso a instalaciones nucleares iraníes clave desde la agresión estadounidense-israelí contra Irán en junio de 2025, y con razón. Estos emplazamientos no pueden abrirse a inspecciones mientras los agresores continúan atacando el país.
El propio informe del organismo de Naciones Unidas reconoce que “dejó de realizar actividades de verificación en Irán” y que “decidió retirar a todos sus inspectores de Irán por motivos de seguridad”. El embajador de Irán ante la AIEA, Reza Nayafi, expuso claramente el argumento jurídico. Según los artículos 61 y 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, una parte puede suspender sus obligaciones cuando el cumplimiento se vuelve materialmente imposible debido a circunstancias imprevistas, o cuando un cambio fundamental de las circunstancias altera radicalmente la base del acuerdo. La destrucción de las propias instalaciones sometidas a inspección y la continuación de una agresión militar activa constituyen precisamente ese tipo de circunstancias.
Ningún Estado soberano del mundo puede ser obligado a garantizar un acceso seguro a instalaciones nucleares mientras estas se encuentran bajo bombardeos militares. La propia AIEA reconoció esta realidad al retirar a sus inspectores. Y, sin embargo, la Junta de Gobernadores de la AIEA ahora exige a Irán que “subsane su incumplimiento”, como si la imposibilidad de cumplir hubiera sido causada por Teherán y no por los misiles lanzados por Washington y Tel Aviv contra esas instalaciones. Como afirmó Nayafi: “No pueden exigir una participación seria mientras mantienen sobre nuestras cabezas una resolución hostil.
Este enfoque agresivo destruye la confianza. No genera confianza. No conducirá a la diplomacia”. Irán, Rusia y China rechazan envío de caso nuclear iraní al CSNU | HISPANTV Irán, Rusia y China han calificado de “carente de base legal” la iniciativa de países occidentales para remitir el caso nuclear iraní al Consejo de Seguridad.
El fracaso probatorio Quizá la acusación más contundente contra esta resolución sea su completa falta de fundamento probatorio. Según el artículo XII.C del Estatuto de la AIEA, una determinación de incumplimiento requiere pruebas creíbles y verificables de una violación de las salvaguardias, específicamente, la desviación de material nuclear de sus usos pacíficos. Durante 25 años de las inspecciones más extensas y sin precedentes jamás realizadas en un país, la AIEA nunca ha informado de la desviación de un solo gramo de material nuclear iraní. El informe del director general nunca afirmó que el organismo de Naciones Unidas hubiera verificado la desviación de materiales nucleares.
La resolución exige que Irán “subsane” una supuesta violación que el propio organismo no puede demostrar. Esto no constituye una conclusión técnica, sino una presunción política revestida de lenguaje jurídico. Más aún, la resolución ignora selectivamente la propia “evaluación final” de la AIEA de 2015, que cerró el expediente sobre todas las cuestiones pasadas y presentes relacionadas con el programa nuclear iraní. La Junta cerró oficialmente ese expediente en diciembre de 2015.
La resolución pretende que aquello nunca ocurrió. Pretende que el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), nombre oficial del acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y el entonces Grupo 5+1 —integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania—, nunca existió, que Estados Unidos nunca se retiró unilateralmente de él y que la actual crisis no fue provocada en Washington. Lágrimas de cocodrilo por la proliferación Existe una ironía profunda y perturbadora en que las delegaciones occidentales expresen su “grave preocupación” por la proliferación mientras se niegan a pronunciar una sola palabra de condena contra el bombardeo de instalaciones nucleares bajo salvaguardias. Seamos precisos sobre lo ocurrido.
Estados Unidos e Israel, los dos principales impulsores y beneficiarios de esta resolución, bombardearon instalaciones nucleares que estaban bajo las salvaguardias de la AIEA. Atacaron emplazamientos que el organismo nuclear de Naciones Unidas estaba supervisando. Destruyeron la misma infraestructura que el régimen de verificación de la AIEA fue creado para proteger. ¿Y cuál fue la respuesta de las potencias occidentales? Ninguna condena.
Ningún llamado a exigir responsabilidades. Ni siquiera una simple declaración de pesar. En cambio, derramaron lo que Nayafi calificó acertadamente como “lágrimas de cocodrilo por la proliferación”, mientras evadían hipócritamente cualquier reconocimiento de los ataques sin precedentes que hicieron imposible la verificación. Esto no es una preocupación por la no proliferación.
Es la instrumentalización del propio concepto de no proliferación, convirtiendo un marco jurídico y técnico en un arma para castigar a una nación que se niega a rendirse. ‘Resolución de AIEA no es un documento técnico, es un arma política’ | HISPANTV Una analista ha denunciado que la resolución contra Irán es un arma política destinada a fabricar pretextos y asfixiar a Teherán. La muerte de la independencia institucional La AIEA fue creada en 1957 para promover el uso pacífico de la energía nuclear y evitar su desvío hacia fines armamentísticos. Su credibilidad depende de una condición innegociable: que opere de manera independiente, técnica y sin interferencias políticas. Esa independencia está ahora muerta.
No fue eliminada por una sola resolución, sino por una campaña sostenida y deliberada destinada a transformar el organismo en un instrumento de una política de cambio de régimen. Los informes del director general ya no son evaluaciones técnicas. Son documentos políticos elaborados para respaldar conclusiones predeterminadas. La Junta de Gobernadores ya no debate; vota siguiendo líneas de bloque dictadas por Washington.
Y el lenguaje de “incumplimiento” y “preocupación por la proliferación” ha sido despojado de su significado jurídico y reutilizado como un eufemismo para referirse a “un país que queremos castigar”. La advertencia de Nayafi fue clara y merecida: “La Junta enfrenta hoy una decisión crucial: preservar la integridad técnica de la AIEA o permitir que se convierta en una mera herramienta política”. La Junta tomó su decisión. Eligió la política.
Eligió la coerción. Eligió premiar la agresión y castigar a la víctima. Un régimen en colapso Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de Irán. El régimen de no proliferación se basa en un gran pacto: los Estados renuncian a las armas nucleares a cambio de acceso a tecnología nuclear con fines pacíficos y de la protección del derecho internacional.
Cuando un Estado cumple sus obligaciones, acepta inspecciones y aun así es castigado, bombardeado, sancionado, bloqueado y remitido al Consejo de Seguridad, ese gran pacto queda roto. ¿Por qué una nación aceptaría salvaguardias si el cumplimiento no le proporciona ninguna seguridad? ¿Por qué un Estado confiaría en las instituciones internacionales si esas instituciones actúan como cómplices de la agresión? La respuesta, visible en el aumento de las presiones a favor de la proliferación en Asia Occidental y más allá, es que no lo harán. Parlamentario: La resolución contra Irán en la AIEA no saldrá gratis | HISPANTV Un parlamentario iraní ha advertido de que Europa y EE.UU. pagarán el precio de la resolución antiraní adoptada en la Junta de Gobernadores de la AIEA. La ilusión de la rendición El objetivo último detrás de esta resolución no es la no proliferación.
Tampoco es el cumplimiento de obligaciones. Ni siquiera es la diplomacia. Es obligar a Irán a rendirse. Dos años de agresión militar y económica total no han logrado ese objetivo.
Años de sanciones ilegales, bloqueo, asesinatos y matanzas masivas no han quebrado la voluntad de Irán. Y ninguna resolución adoptada en una sala de conferencias en Viena logrará lo que las bombas y los misiles no pudieron conseguir. Pero el coste de esta ilusión no lo pagan Washington ni Tel Aviv. Lo paga la credibilidad de la AIEA, el régimen de no proliferación, el derecho internacional y el principio de que las instituciones internacionales existen para defender la justicia, no para servir a las ambiciones de los imperios.
La AIEA ha sido secuestrada. Y, a menos que sus Estados miembros lo recuperen, la institución creada para impedir una guerra nuclear se convertirá en una herramienta que facilite su desencadenamiento. * Alireza Ahmadzadeh es analista de asuntos internacionales con sede en Teherán e investigador de doctorado. Texto recogido de un artículo publicado en Press TV