La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal confirmó este miércoles que ascendió a 1.403 la cifra de fallecidos por la devastadora riada que provocó deslizamientos de tierra e inundaciones el pasado 26 de agosto. La magnitud de la emergencia sigue siendo crítica en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, donde al menos 6.150 ciudadanos continúan en paradero desconocido. A pesar de la destrucción masiva en infraestructuras y viviendas, Uno de los puntos más complejos de la operación de socorro se concentra en el proyecto hidroeléctrico de Chilime, en Rasuwa, golpeado por la crecida del río Bhotekoshi. Un equipo conjunto del ejército nepalí logró ingresar al túnel de la central tras desplegar maquinaria pesada y helicópteros para despejar escombros y habilitar una vía de acceso de 1.050 metros.
Buzos especializados se adentraron por el canal de salida de agua y hallaron tres cadáveres atrapados en el interior. Hasta el momento, las autoridades han recuperado dos cuerpos y avanzan con dificultad en el rescate del tercero, bloqueados por el fuerte flujo de agua a más de 130 metros de la entrada. Paralelamente a los rescates en terreno, la crisis ha tomado una dimensión internacional. Según los registros de la Policía Turística, de los 795 turistas reportados como desaparecidos, 607 son extranjeros provenientes de más de dos docenas de países —encabezados por India (189), Estados Unidos (65), Malasia (55) y Ucrania (54)— y 188 son guías o viajeros nepalíes.
Familiares de diversas nacionalidades se han desplazado a Katmandú buscando respuestas sobre sus seres queridos, abarrotando las oficinas de turismo y la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo equipo de respuesta de emergencia atiende decenas de solicitudes diarias. Transcurridas tres semanas desde el desastre, la exigencia de los familiares ha dado un giro desgarrador, ya no solo solicitan operativos de rastreo, sino documentación oficial que confirma el estado de sus allegados. Sin embargo, el Gobierno nepalí se enfrenta a un obstáculo legal, ya que no puede emitir certificados de defunción sin la previa identificación de un cadáver o la confirmación médica en un hospital. Para mitigar la situación y permitir trámites legales en sus países de origen, la Policía Turística ha comenzado a expedir constancias que acreditan a los desaparecidos formalmente como personas «incomunicadas».
La geografía del desastre ha añadido un nivel adicional de complejidad, ya que la riada afectó la frontera con la región autónoma del Tíbet en China. Familiares de las víctimas piden un operativo de búsqueda transfronterizo conjunto. Exigen el uso urgente de drones con cámaras térmicas, perros de rescate y la publicación diaria de mapas que delimitan con transparencia las áreas inspeccionadas y aquellas zonas escarpadas o barrancos que aún no han sido rastreados. Tomado de teleSUR