Bloomberg Línea — El periodista nicaragüense Luis Manuel Chavarría Galeano permanece bajo custodia migratoria en el centro Krome, en Miami, mientras continúa el proceso iniciado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este miércoles su medio de comunicación, Café con Voz. La audiencia ante un juez de inmigración se mantiene prevista para el 2 de octubre, de acuerdo con la información comunicada previamente por la familia del periodista. Galeano fue detenido el 14 de septiembre en Florida y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo, ante la consulta de la periodista nicaragüense Tifani Roberts, que Galeano, de 48 años, ingresó legalmente a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2018, con permiso para permanecer en el país hasta el 20 de junio de 2019. “Al infringir las leyes de nuestro país, se quedó más tiempo del permitido”.
El comunicador enfrenta ahora un proceso migratorio que podría derivar en su deportación. Su eventual regreso al país centroamericano ha generado pronunciamientos de defensores de derechos humanos, organizaciones de prensa y figuras políticas estadounidenses, debido a los antecedentes de persecución que enfrenta por parte de las autoridades nicaragüenses. Galeano fue incluido en febrero de 2023 entre los 94 nicaragüenses a los que las autoridades de Nicaragua retiraron la nacionalidad y confiscaron sus bienes, bajo la acusación de ser “traidores a la patria”. En ese grupo también estuvieron los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez y la activista Vilma Núñez.
En julio de 2025 pasado, España otorgó la nacionalidad a Galeano, junto con otros 22 nicaragüenses. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades de EE.UU. que tengan en cuenta la condición de Galeano como periodista exiliado y perseguido y que garanticen el debido proceso durante su caso migratorio. El congresista republicano Mario Díaz-Balart dijo que “Estados Unidos nunca debe perder de vista la diferencia entre los delincuentes y aquellos que huyen de la represión política”, y agregó que puede y debe hacerse cumplir “nuestras leyes inmigratorias, al mismo tiempo que garanticemos que quienes escapan de dictaduras socialistas no sean devueltos a las manos de regímenes represivos”. Un criterio similar compartió la congresista María Elvira Salazar quien dijo en un mensaje en X que el caso de Galeano debe ser revisado tomando en cuenta el peligro que, según señaló, enfrentaría si fuera enviado a Nicaragua.
El pronunciamiento de la congresista republicana se produjo un día antes de que presidiera una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la situación política de Nicaragua. Durante la sesión, la legisladora centró sus intervenciones en la represión atribuida al Gobierno de Ortega y Murillo y en el creciente acercamiento de Managua con China y Rusia, asuntos que presentó también como una preocupación para la seguridad de Estados Unidos. Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en redes sociales su preocupación por el aumento de reportes sobre detenciones y deportaciones de ciudadanos nicaragüenses hacia su país. El organismo advirtió sobre los riesgos que pueden enfrentar quienes son opositores o son percibidos como tales por las autoridades nicaragüenses.
La CIDH señaló que esos riesgos deben ser considerados en los procesos de detención y deportación, en un contexto de represión y persecución que, según el organismo, ha sido documentado de manera amplia en Nicaragua. La trayectoria de Galeano Galeano trabajó para el extinto El Nuevo Diario y entre 2004 y 2006 fue corresponsal de la Agencia EFE en Nicaragua. Luego fundó el programa Café con Voz, dedicado a entrevistas, análisis y debate sobre la situación política y social del país. En 2018 abandonó Nicaragua en medio de la crisis política que estalló en abril de ese año.
Su salida se produjo después de que un juez de Managua emitiera una orden de captura en su contra y, ya instalado en Estados Unidos, continuó con su trabajo periodístico independiente mientras también se desempeñaba como conductor de Uber, actividad que realizaba cuando fue detenido, de acuerdo con el relato de su esposa, Deykell Santamaría, a medios nicaragüenses.