El indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández adquiere ahora una nueva dimensión. Un informe del personal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes pone bajo escrutinio las gestiones para conseguir su liberación y los intereses alrededor de Próspera, una ciudad privada con régimen especial instalada en la isla hondureña de Roatán. El nombre de Próspera aparece alrededor de las gestiones de Roger Stone, histórico aliado de Trump. Stone defendió públicamente el indulto de Hernández y sostuvo que su liberación permitiría salvar el llamado “experimento Próspera”, un proyecto con amplia autonomía regulatoria y fiscal.
La conexión adquiere mayor peso porque Hernández gobernaba Honduras cuando Próspera comenzó a desarrollarse. El proyecto ha recibido capital de fondos vinculados a poderosos empresarios tecnológicos estadounidenses, mientras sus promotores mantienen una disputa con el Estado hondureño por el futuro de la zona. El informe estadounidense agrega otra pieza: Stone y otros aliados de Trump presionaron por Hernández en Mar-a-Lago. La secuencia alimenta en Honduras cuestionamientos sobre hasta dónde pueden llegar los intereses privados estadounidenses cuando convergen con decisiones tomadas desde la Casa Blanca.
El informe no establece judicialmente un intercambio de soberanía por el indulto. Pero las gestiones documentadas y el papel que sus promotores atribuyeron a Próspera colocan nuevamente bajo escrutinio una relación en la que convergen poder político estadounidense, capital privado y territorio hondureño. Daniel Sierra, Tegucigalpa, Honduras. yzl/hnb