El planteamiento de implementar un nuevo estado de excepción focalizado revive las preocupaciones por la suspensión de garantías constitucionales y sus posibles consecuencias para los derechos humanos. Una detención sin las garantías habituales, un allanamiento o una intervención policial con mayores facultades son algunos de los escenarios que generan preocupación, luego de que el presidente Nasry Asfura planteara la posibilidad de implementar un estado de excepción focalizado. La discusión surge mientras avanzan otras acciones. La MS-13, la pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo fueron declarados asociaciones terroristas, junto a disposiciones que contemplan aislamiento y máxima seguridad para integrantes de estas estructuras.
El estado de excepción ya fue aplicado durante años y acumuló fuertes cuestionamientos. El CONADEH registró más de mil quejas contra agentes de seguridad por detenciones arbitrarias, torturas, pruebas presuntamente falsas y otros abusos. El Partido Nacional, entonces en la oposición, llegó incluso a rechazar nuevas ampliaciones de la medida. Por su parte, la Policía Nacional asegura que, por ahora, un nuevo estado de excepción no está entre las medidas contempladas.
Aunque la Policía asegura que no contempla la medida, la propuesta ya fue planteada desde el Ejecutivo. Su eventual aplicación genera preocupación por el riesgo de nuevas vulneraciones a los derechos humanos. Daniel Sierra, Tegucigalpa. mep/rba