Airbnb, Booking y el resto de plataformas que anuncian pisos turísticos pueden convertirse en unas de las grandes afectadas por el nuevo decreto de vivienda. El Gobierno intentará llevarlo mañana al Consejo de Ministros. El texto, más conocido como “decreto Maricarmen” contempla endurecer las sanciones por anunciar alojamientos turísticos que no cumplan los requisitos legales. Además, el borrador que manejaba el Ejecutivo antes del verano hablaba de multas de hasta un millón de euros para las plataformas.
Sabemos que RTVE ha confirmado hoy mismo que el paquete que se negocia sigue incluyendo un endurecimiento del régimen sancionador para la publicidad de pisos turísticos en plataformas digitales. En julio, EFE tuvo acceso al borrador y detalló que esas sanciones podrían alcanzar el millón de euros cuando se comercialicen alojamientos turísticos sin licencia o número de registro. Las plataformas podrían pagar hasta un millón por los anuncios ilegales El llamado “decreto Maricarmen” no es el nombre oficial de la norma. Todo está relacionado con el desahucio de Maricarmen Abascal y el nombre está siendo usado incluso por miembros del Gobierno y organizaciones de inquilinos para referirse al paquete de medidas de vivienda que se negocia estos días.
Las ministras Mónica García y Sira Rego se han referido públicamente a un “Real Decreto Maricarmen” al reclamar cambios en el texto. Además de otras medidas, habrá sanciones para las plataformas de alquileres turísticos. La incógnita está en conocer si el límite hablado en julio de un millón de euros aparecerá intacto en el texto que finalmente apruebe el Consejo de Ministros. AirBNB debe ser ahora mismo una de las empresas más preocupadas por la eventual entrada en vigor del decreto.
De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó a Airbnb en diciembre de 2025 con 64.055.311 euros por distintas infracciones relacionadas con la publicación de alojamientos turísticos sin licencia. Los pisos turísticos tendrán más cambios además de las multas Las multas no son la única medida relacionada con el alquiler turístico que aparece en el decreto que negocia el Gobierno. El paquete contempla también elevar al 21 % el IVA de los alquileres turísticos, una medida que ya aparecía en el borrador de julio y que continúa figurando entre las propuestas por el Ejecutivo. La idea es desincentivar parte de este uso de las viviendas y favorecer que más inmuebles pasen al mercado residencial.
No obstante, el Decreto es mucho más amplio e incluye cosas como una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler, cambios para los alquileres de temporada y por habitaciones, medidas frente a los desahucios de hogares vulnerables e incentivos fiscales. El contenido exacto se conocerá mañana.