Seguir a FinanzasDigital en Google Lo que se proyectó como una operación multimillonaria para reinsertar el metal precioso venezolano en los circuitos financieros internacionales quedó atrapado en un cuello de botella regulatorio en suelo estadounidense. Envíos de oro por cientos de millones de dólares permanecen retenidos e intactos en depósitos de Estados Unidos debido a que las refinerías se niegan a procesarlos por violar los estándares internacionales de cumplimiento. Según la investigación publicada por The New York Times, que rastrea la cadena desde los yacimientos del estado Bolívar hasta la Casa Blanca y casas comerciales europeas, la Administración del presidente Donald Trump facilitó acuerdos para redirigir el oro hacia Estados Unidos, conectando a inversores estadounidenses con una estructura opaca que, según fuentes anónimas citadas por el diario, continúa dominada por la criminalidad. Más leídas El oro se desploma a mínimos de siete semanas Conseturismo urge un plan estratégico para resolver fallas de servicios El crudo repunta más de 3% Vuelos prematuros El reportaje revela que la logística de extracción se aceleró antes de completar las auditorías mínimas en el terreno: aviones con lingotes despegaron de Venezuela incluso antes de que las empresas involucradas pudieran inspeccionar las minas en el sur del país.
Parte de este suministro está directamente relacionado con grupos mineros que pagan sobornos a bandas criminales y «sindicatos» que controlan los yacimientos. Aunque en marzo (dos meses después de la captura de Maduro por parte de Washington) funcionarios del Gobierno estadounidense negociaron con la empresa estatal Minerven un contrato para vender hasta una tonelada de oro (aproximadamente 165 millones de dólares) a través del comerciante de materias primas Trafigura, la comercialización final chocó contra la regulación internacional. El freno del cumplimiento ambiental y legal El obstáculo insalvable para la industria radica en los protocolos de trazabilidad aplicados por las refinerías. De acuerdo con la normativa internacional contra el lavado de dinero y la minería de conflicto, las plantas procesadoras están obligadas a certificar que el metal no haya financiado a grupos armados, redes de corrupción institucional ni provocado la destrucción del ecosistema amazónico.
La parálisis pone en evidencia una paradoja dentro de la política de Washington: en marzo de 2019, durante su primer mandato, el propio Trump había sancionado e incluido al oro venezolano en una «lista negra» por sus nexos ilícitos y su impacto ambiental, para luego habilitar acuerdos comerciales que terminaron retenidos en los mismos almacenes norteamericanos. Con información de The New York Times