El máximo tribunal estadounidense concedió este martes la petición presentada por el Departamento de Seguridad Nacional y paralizó tanto la orden como la sentencia dictadas el 25 de febrero de 2026 por el Tribunal de Distrito de Massachusetts. La suspensión permanecerá vigente mientras el Supremo resuelve el litigio, que ha aceptado examinar en profundidad. La decisión permite al Gobierno estadounidense recuperar temporalmente una de las principales herramientas de su estrategia de deportaciones El Supremo llevará el caso a audiencia en diciembre La resolución tiene una relevancia que va más allá de la medida provisional. La Corte Suprema de EEUU ha decidido tratar la solicitud de suspensión como una petición formal para examinar el caso y ha aceptado hacerlo, abriendo así el camino a una sentencia sobre el fondo de la política de deportaciones a terceros países .
Los magistrados han ordenado que el calendario procesal permita celebrar los argumentos orales durante la sesión de diciembre de 2026. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre varias cuestiones, entre ellas si el tribunal de distrito tenía jurisdicción para resolver las reclamaciones y si disponía de autoridad para adoptar medidas de alcance colectivo contra la política federal. También examinará directamente si las normas utilizadas por el Gobierno para trasladar a migrantes a países distintos de sus lugares de origen son compatibles con la legislación migratoria estadounidense, las garantías del debido proceso y las obligaciones de EEUU frente al riesgo de tortura o persecución. El Supremo no ha decidido todavía si la política es legal, sino que permite mantenerla mientras estudia el fondo del litigio Qué cambia con la decisión del Supremo Aspecto Situación con la resolución de Massachusetts Situación tras la decisión del Supremo Deportaciones a terceros países Limitadas por la resolución judicial Pueden reanudarse temporalmente Resolución del 25 de febrero En vigor Suspendida Legalidad definitiva de la política Pendiente Pendiente Próximo paso Recurso del Gobierno Audiencia ante el Supremo en diciembre Duración de la suspensión — Hasta que el Supremo dicte y remita su sentencia Tres magistradas se oponen a la suspensión La decisión contó con la oposición de las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson , que habrían rechazado la petición del Gobierno.
Los otros seis integrantes del tribunal permitieron que entrara en vigor la suspensión solicitada por la Administración. La controversia se centra especialmente en las garantías que deben recibir las personas antes de ser enviadas a un país con el que no mantienen vínculos. Las decisiones de instancias inferiores habían exigido que los afectados pudieran plantear objeciones antes de la expulsión, especialmente cuando alegaran riesgos de persecución o tortura. La Administración Trump sostiene, por su parte, que las deportaciones a terceros países son necesarias en situaciones en las que el país de origen no acepta al deportado o su retorno no puede ejecutarse.
El Gobierno asegura que los países receptores ofrecen garantías sobre la seguridad de las personas trasladadas. El litigio decidirá hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al deportar a una persona a un país distinto del suyo Una política que ya afecta a miles de migrantes La utilización de terceros países se ha convertido en una pieza relevante de la estrategia migratoria estadounidense. Alrededor de 25.000 personas han sido enviadas a más de dos decenas de países mediante diferentes acuerdos, con México como principal destino de estas expulsiones. La política ha provocado una batalla judicial por las garantías procesales de los migrantes.
Los abogados de los afectados sostienen que algunos deportados pueden terminar en lugares donde afronten riesgos para su seguridad, mientras que la Administración defiende que cuenta con garantías de los gobiernos receptores destinadas a evitar situaciones de persecución o tortura. El conflicto forma parte de la ampliación de las medidas migratorias impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump , que ha situado el incremento de las deportaciones entre las prioridades de su Administración. Todd Blanche defiende la medida El fiscal general de EEUU, Todd Blanche , había anunciado que el Departamento de Justicia recurriría al Supremo después de las nuevas restricciones judiciales a las expulsiones. Blanche ocupa el cargo de fiscal general desde agosto de 2026, tras haber ejercido previamente como número dos del Departamento de Justicia.
El Gobierno considera las deportaciones a terceros países una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de expulsión cuando resulta imposible trasladar a una persona a su nación de origen. Los grupos que representan a los migrantes cuestionan, en cambio, que las actuales garantías permitan proteger adecuadamente a quienes pueden ser enviados a países con los que no tienen ninguna relación. La batalla jurídica continuará ahora ante el Supremo de EEUU . Hasta que se pronuncie definitivamente, la Administración podrá seguir aplicando la política, pero la audiencia de diciembre determinará el marco legal con el que deberán realizarse en el futuro estas deportaciones de migrantes a terceros países .